"Allá nos veremos", respondió Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, luego de que el gobierno de México dijo que denunciará ante la Corte Internacional de Justicia el asedio de Bolivia a su embajada en La Paz.
El ministro de Gobierno dijo que el único que ha violado los tratados internacionales es el gobierno de México, pues permitió que el expresidente Evo Morales hiciera declaraciones políticas.
"Durante todo el tiempo que el señor [Evo] Morales ha estado en México, hizo declaraciones fuera de lugar (...). Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Justicia; allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado los tratados", sentenció Murillo en conferencia de prensa, indicó el medio Página Siete.
Murillo también afirmó que se dio "resguardo" a las embajadas y los diplomáticos, por orden de la proclamada presidenta Jeanine Áñez.
Declaró que se aumentó la seguridad en el recinto diplomático porque se obtuvo información de un intento de toma y quema del espacio, por parte de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que quieren sacar al exministro Juan Ramón Quintana, a quien responsabilizan de la caída de Morales del poder.
“¿Por qué se quejan de que cuidemos la residencia? ¿Por qué se quejan de que cuidemos la salud de la embajadora?”, dijo en conferencia.
Agregó que seguirán resguardando la sede diplomática pese a que la embajada de México en La Paz protege a “algunos delincuentes buscados por la justicia boliviana”.
Mientras que la canciller boliviana, Karen Longaric, respondió, a su vez, que es "absurdo" el anuncio de México de recurrir a la Corte Internacional, indicó el medio El Deber.
Afirmó que Áñez no ha incurrido en delitos. "Nos califican como un gobierno de facto, no tiene ningún derecho a hacer esa calificación que va contra la voluntad del pueblo boliviano".
También reveló que fue la embajadora mexicana María Teresa Mercado, quien, de forma verbal, solicitó se refuerce la seguridad en las instalaciones. "La embajadora me visitó en dos o tres oportunidades para solicitarme expresamente el refuerzo de la seguridad, pidiendo una mayor cantidad de efectivos".
Según El Deber, aclaró que los vehículos de la legación no constituyen espacio de asilo, por si es que se pensara en sacar por esa vía a las exautoridades del MAS.
Sobre los exfuncionarios de Morales, Longaric dijo: "No son perseguidos políticos, sino [que] tienen mandamiento de apremio porque han cometido delitos comunes, en este caso tienen que entregarlos a las autoridades bolivianas; pero si se rehúsan probablmente [con] el hecho de que Bolivia no puede otorgar salvoconducto a personas con mandamiento de apremio, ellos podrán permanecer en la embajada de México por cinco años más porque seguramente el próximo gobierno tampoco les va a dar salvoconducto".
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, negó que se vulnere la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, tal como insinuó el gobierno de Manuel López Obrador, ya que la vigilancia policiaca se realiza exclusivamente en territorio boliviano.
Aseguró que no disminuirá la vigilancia en las inmediaciones de la legación, porque su objetivo es hacer cumplir las órdenes de aprehensión emitidas contra los exfuncionarios de Morales, que están en ese lugar.
El miércoles, Santamaría exhortó a que Quintana, y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Tecnología, así como Héctor Arce, exministro de Justicia, sean puestos a disposición de la justicia boliviana.
De acuerdo con Santamaría, todos están involucrados en causas penales en su país, por lo que asegura que no pueden gozar de asilo en la embajada mexicana en La Paz.
Por la mañana, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó en rueda de prensa que presentará una denuncia contra el gobierno de Áñez, por el asedio contra la embajada de ese país en Bolivia. La querella será presentada ante la CPI.