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El Tribunal Popular Intermedio de Dalian, en la provincia de Liaoning, condenó hoy al exviceministro chino de Seguridad del Estado, Ma Jian, a cadena perpetua por aceptar sobornos, realizar transacciones forzadas y tráfico de información privilegiada.
Ma, quien fue uno de los principales jefes de espías de China y habría aceptado alrededor de 15.8 millones de dólares en sobornos, también fue sentenciado a pagar una multa de 7.3 millones de dólares por los delitos cometidos durante un periodo de 15 años.
El veredicto de culpabilidad fue emitido por el tribunal este jueves, cuatro años después de que el exfuncionario fue detenido tras quedar al descubierto que aprovechó sus diversos cargos en el gobierno, incluido viceministro de seguridad, para aceptar sobornos.
Entre 1999 y 2014, Ma ayudó al fugitivo empresario chino Guo Wengui y a la compañía que éste controlaba, Beijing Zenith Holdings, a cambio de dinero y objetos de valor que se estiman por arriba de 15.8 millones de dólares, en movimientos que realizaba de manera personal o a través de sus familiares.
Durante el periodo 2008-2014, el exfuncionario conspiró con Guo y amenazó y obligó a otros a transferir acciones, renunciar a derechos de suscripción preferente o retirarse de actividades comerciales específicas, convirtiendo a Beijing Zenith Holdings en conglomerado oficial de China Minzu Securities.
La investigación también encontró que Ma habría instruido a sus familiares para que compraran y vendieran acciones de Founder Securities y obtuvieron millonarias sumas, luego de recibir información privilegiadasobre una importante reconstrucción de activos entre esa empresa y China Minzu Securities en 2013.
El tribunal revocó de por vida los derechos políticos de Ma y ordenó la confiscación de todos sus bienes personales, de acuerdo con despachos de la agencia china de noticias Xinhua.
El tribunal concedió a Ma una sentencia indulgente, considerando que se declaró culpable y confesó sus delitos de manera honesta y voluntaria, mostró arrepentimiento y cooperó para devolver las ganancias ilegales, mientras que el exfuncionario decidió no apelar.
