Un juez de Nueva York que debe decidir si falla a favor de 17 fiscales generales de Estados Unidos y un grupo de dreamers que piden ser protegidos de la deportación, condenó ayer la “hostilidad” de Donald Trump hacia los inmigrantes latinos.
El juez Nicholas Garaufis, de la corte federal de Brooklyn, condenó “las declaraciones incendiarias, insensibles e irresponsables de Trump” contra los mexicanos, los “comentarios antilatinos” y la “hostilidad” hacia “este grupo étnico en particular”.
“En este país en 230 años no hemos tenido esto”, afirmó el juez, quien no ha tomado aún una decisión. Los ataques “no son ordinarios; son extremos, recurrentes, agresivos (...) No es lo que queremos ver de nuestros líderes”, afirmó.
El 93% de los jóvenes acogidos al DACA en todo el país son latinos, dijo a periodistas el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presente en la audiencia en representación de todos los fiscales, incluidos los de los estados de Massachusetts y Wa-shington. Los demandantes le pidieron a Garaufis que emita una orden judicial que mantenga el programa. El gobierno federal anunció el 5 de septiembre pasado que el programa DACA, que protege desde 2012 a casi 700 mil inmigrantes traídos por sus padres ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, vencerá completamente el 5 de marzo.
El Congreso está bajo presión para hallar una solución que evite la deportación de estos jóvenes que han crecido en Estados Unidos, pero republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo.
Aunque el juez de California William Alsup bloqueó este mes el fin del DACA al fallar sobre una demanda similar, Schneiderman explicó que ese fallo sólo cubre a los jóvenes que ya están inscritos, pero no a miles elegibles para ingresar al programa. “Estamos a semanas de consecuencias drásticas. Nadie aquí está dispuesto a esperar al gobierno federal, al Congreso, al presidente”, dijo Schneiderman tras la audiencia.
“Necesitamos que el juez tome acción ahora; nuestras vidas dependen de ello”, dijo a periodistas Eliana Fernández, de 30 años, una dreamer y otra de las demandantes, que llegó a Estados Unidos desde Ecuador a los 15 años y ahora tiene dos hijos pequeños estadounidenses.
Niños, sin derecho a defensor público. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que indocumentados menores de edad no tienen derecho a tener abogados pagados por el gobierno en una audiencia de deportación.
El tribunal confirmó así la decisión de un juez de inmigración de negar el asilo a un menor identificado como C.J.L.G., quien salió de Honduras a la edad de 13 años después de ser amenazado por pandillas. El menor no tenía un abogado y su madre no pudo encontrar ayuda legal gratuita.
“Obligar a un abogado designado por un tribunal de forma gratuita podría tensar aún más un sistema de inmigración ya sobreextendido”, escribió la juez Consuelo M. Callahan. Activistas tacharon de “brutal” la decisión para el hondureño y para miles de otros niños.