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El gobierno de Nicaragua ordenó hoy la expulsión de territorio nicaragüense de la misión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se instaló en ese país por la grave crisis política que estalló el pasado 18 de abril.
Fuentes de la oposición cívica nicaragüense, que encabeza las masivas marchas de protestas en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, informaron este viernes en la mañana que el gobierno concedió dos horas a la misión de la ONU para que abandone el país.
La orden de expulsión se registró menos de 48 después de que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) emitió el pasado miércoles un informe con una contundente conclusión: el gobierno de Ortega ejecutó una “respuesta represiva” a las protestas y públicas pacíficas antigubernamentales que estallaron en abril y desplegó “el uso de la fuerza letal” de las autoridades policiales y paramilitares “en contra de amenazas no letales”.
Ortega rechazó el informe y, el mismo miércoles, lo atribuyó a organizaciones internacionales promotoras de la muerte. A lo largo de la crisis, el mandatario acusó que su gobierno es víctima de los designios del gobierno de Estados Unidos como "imperio" que está en contra de la libre autodeterminación e los pueblos y que los opositores son fuerzas derechistas, golpistas, terroristas, delincuenciales y vandálicas manipulados que están al servicio de Washington.
