Un nuevo capítulo se escribe en el conflicto al interior de la administración municipal de Villa de Zaragoza, con la solicitud de sanción, por parte miembros del gabinete y cabildo, a quien resulte responsable al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de ocultar el expediente de sanción, en el que habría sido inhabilitada por tres años, la actual presidenta municipal de la localidad, Paloma Bravo García.
La presidenta municipal presentó apenas este martes una denuncia ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) por presunta violencia política en razón de género en contra de quienes solicitan su destitución de la administración.
José Alberto Sánchez Flores, quien se ostenta como tesorero de Villa de Zaragoza, en compañía de un regidor y otros funcionarios presentaron la solicitud de sanción ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
Acusan, a quien resulte responsable, de esconder las irregularidades detectadas en 2014 a la gestión de Bravo García, en ese momento, coordinadora de Desarrollo Social, por las que habría sido sancionada con la inhabilitación, misma que le habría impedido participar en las elecciones que ganó y que la convirtieron en alcaldesa de Villa de Zaragoza.
Detalló que mediante un oficio se solicitó a la ASE le enviara copia de los resultados de la auditoría en conjunto con las medidas derivadas de las observaciones detectadas, no obstante, la dependencia fiscalizadora respondió también mediante un documento que “no obra en los archivos de esta Auditoría (…) Expediente por el cual se haya dado inicio a algún procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de Paloma Bravo García, iniciado en su contra con motivo de la fiscalización de cuenta pública del ejercicio fiscal 2014”.
El tesorero sostiene que al realizar la búsqueda de los documentos solicitados a la ASE, mediante internet, encontraron un enlace en el que, aseguran, “se encuentra el archivo en versión digital”.
A la alcaldesa, además de haber asumido el encargo con una inhabilitación vigente, la acusan tanto el tesorero como otros funcionarios municipales, de presuntos actos de desvío de recursos públicos a través de pagos irregulares.
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