Ejidatarios afectados por la construcción de la presa “La Maroma” en Villa de Guadalupe, que llevará agua a la ciudad de Matehuala, interpusieron un amparo con el que buscan frenar las obras, principalmente porque según denuncian, las autoridades no se han acercado con ellos a detallarles el proyecto y lo que les han comentado sobre el riego de sus tierras no satisface sus necesidades, además de que se estaría violando un decreto presidencial.
Señalaron que las localidades más afectadas son el ejido de La Presa y su anexo de La Presita, sin embargo, hay al menos una decena de ejidos más que también tendrán afectación, siendo 210 los ejidatarios, pero contando a sus familias y los afectados de otras comunidades son miles en realidad a quienes les perjudicaría si el proyecto avanza tal y como hasta ahora.
Asimismo, comentaron que las autoridades como Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la gente de la constructora, han tenido una sola reunión con habitantes de la región en donde sólo acudieron una veintena de ejidatarios, por lo que de ninguna manera tienen representatividad, siendo que la mayoría de los habitantes de la zona están inconformes con este proyecto.
Al respecto, Hernando Gómez ejidatario afectado comentó: “nosotros no nos oponemos al desarrollo habitacional e industrial de Matehuala, al contrario que bueno que está creciendo la ciudad, el problema es que hay un decreto presidencial que nos garantiza la utilización de alrededor de siete millones de metros cúbicos de agua de este afluente para regar las más de mil 800 hectáreas del ejido y al momento no nos están garantizando esto, nos dicen que si acaso solo 400 hectáreas van a poder aprovechar esta agua y no estamos de acuerdo, queremos que todo mundo se entere de este atropello”.
La defensa de los ejidatarios
Por su parte, Guillermo Luévano Bustamante asesor jurídico de los ejidatarios comentó que se decidió apoyar a estos pobladores por las notables irregularidades administrativas del proyecto, importantes afectaciones a derechos agrarios y a derechos ambientales, de manera que se decidió desarrollar la estrategia legal para la defensa, que en primera instancia es el amparo para detener las obras.
Además dijo que en ningún momento se han manifestado por oponerse rotundamente a la construcción de la presa “La Maroma” ni su acueducto, sino que simplemente no están de acuerdo que sólo se beneficie a empresas privadas o habitantes de otro municipio sin que haya beneficio alguno para quienes históricamente, y de manera legal han aprovechado estas aguas en Villa de Guadalupe.
Recordó que esta zona cuenta con un decreto presidencial de los años 1924 y después de 1955, en donde se reitera que pueden beneficiarse de las aguas de este afluente y el vaso captor, que fue construido ya hace muchísimos años, incluso se tienen registros del aprovechamiento de esta agua por personas de estas comunidades previos al siglo XX.
Todo se ha dialogado con los ejidatarios: Conagua
También se buscó la opinión del delegado de la Conagua en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín para que expusiera su versión del problema, sin embargo, el funcionario federal se limitó a señalar que todas las afectaciones que en algún momento se pudieron hacer con este proyecto ya están completamente solventadas.
Asimismo aseguró que desde el inicio del proyecto se estuvo en contacto con los ejidatarios y se ha estado en constante diálogo con ellos, informándoles de los beneficios de la misma, no solo para ellos sino para todo el Altiplano potosino.
“Es una obra que estaba siendo requerida desde hace unos 100 años, entonces tiene todo el sentido hacerla. No sé de donde provenga esta inconformidad, todo lo que se ha estado haciendo se ha estado consensuando con ellos, de todos los ejidos involucrados, no hay temor de que la obra sea detenida por temas legales porque hemos hecho todo conforme a la ley y tenemos el aval de la gran mayoría de los habitantes", concluyó.