Guadalupe Banda Pacheco, periodista censurada por la administración municipal de Ébano, encabezada por Crispín Ordaz Trujillo de extracción panista, informó que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Esto luego de que la dirección de comunicación social de la administración municipal giró una circular a directores de área y coordinadores de departamento con indicaciones directas de la presidencia para negar información a la comunicadora.
Banda Pacheco estimó que esta acción surgió como represalia a una nota publicada en el periódico El Mañana de Valles, el pasado 18 de octubre, que hacía referencia a una manifestación llevada a cabo en el marco del desfile de conmemoración de la Expropiación Petrolera y en la que los inconformes exigían a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sancionara con cárcel al que denominaron como “alcalde cacique de Ébano, San Luis Potosí”.
Entre otras cosas se le acusaba al funcionario de un presunto desfalco por más de 300 millones de pesos al erario y la presunta colocación de más de 500 aviadores en la nómina que incluirían a su familia directa. También se hablaba del robo de maquinaria pesada al municipio.
Aunque la afectada reconoció que la mayor parte de la información que entrega al medio en el que labora se genera en las colonias de los municipios, reconoció que hay afectación en su desempeño debido a que son las autoridades a las que se recurre para obtener partes oficiales de algunas cuestiones.
“El hecho de que no se les permita a los funcionarios otorgarme información coarta mi labor de informar”, señaló.
La censura de la que es objeto Guadalupe Banda no es un hecho aislado en el país, de acuerdo a los reportes mensuales de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) suman, al 28 de febrero del 2018, 223 casos de los cuales 57 (el 25.6 por ciento) las víctimas directas son mujeres.
Dentro de estos expedientes (57), el delito con mayor incidencia contra las mujeres que ejercen la libertad de expresión es el de amenazas, seguido por el abuso de autoridad y el de privación ilegal; que representan el 38.6 por ciento, 10.5 y 10.5 por ciento respectivamente.
Sin embargo, el porcentaje de sanción es pequeño pues desde la creación de la FEADLE en 2010 a 2019 se han acumulado mil 156 expedientes de los que en solo 166 se ha ejercido acción penal en contra de los responsables.
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