San Luis Potosí ocupa los primeros lugares entre las entidades con mayor población migratoria agrícola, así lo revela el informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) presentado este martes en la sede legislativa de Vallejo en el marco de un conversatorio en materia del trabajo jornalero agrícola.
En la entidad, la población de las zonas indígenas nahua y téenek y también rurales de Xilitla, Aquismón, Tamazunchale, Matlapa, Coxcatlán, Tancanhuitz, Tanlajás y Axtla de Terrazas, entre otros, se integran a circuitos migratorios a nivel nacional en los estados de Sonora, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz; e internacional principalmente hacia Estados Unidos, en el marco de programas de visas de trabajo temporal- H2A y/o en situación migratoria irregular para diversos sectores.
También se migra a ciudades como Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México para trabajar en labores domésticos, estas actividades las realizan en su mayoría mujeres de la zona Huasteca.
La participación en la migración por jornal, de las poblaciones antes mencionadas, deriva de cuestiones como la condición económica de las personas, su grado de educación, pero las organizaciones civiles han detectado diversas violaciones a derechos laborales.
Por ejemplo, los salarios son bajos y varían de los 100 a los 180 pesos, no cuentan con contratos formales de trabajo, no acceden a prestaciones y no se les brindan condiciones de estancia dignas para los trabajadores y, en algunos casos, quienes les acompañan.
Los sitios en los que se hospedan en la mayoría de las ocasiones no cuenta con cama, no hay acceso a agua potable y se enfrentan a traslados inseguros que los expone a accidentes que en algunos casos les ha costado la vida, sin que la parte patronal se haga responsable de las afectaciones.
La forma en la que las personas acceden a estos trabajos es a través de las propias experiencias de otras personas o mediante intermediarios o “enganchadores”, que a cambio de comprometer y presionar a las personas a aceptar el trabajo les dan una especie de adelanto de su sueldo que va de los 500 a los 1000 pesos.
Sobre estas observaciones María Mayela Blanco Ramírez, mencionó que existe una preocupación por la desaparición de programas federales de apoyo a jornaleros, conocido como PAJA, “justo la política pública, si bien esta población jornalera ha sido la más vulnerable, también la más invisibilizada (…) la política pública está invisibilizando más la presencia de las jornaleras y no está permitiendo la posibilidad de dar las condiciones de vida, de trabajo, de salud, de educación de las personas jornaleras y sus familias”.
Consideró que uno de los trabajos que más ha resaltado en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas en el país, es el caso del accidente ocurrido en San Luis Potosí en 2014, en el que perecieron dos menores y un adulto, y que luego de cinco años resultó favorable para la familia de una de las víctimas.
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