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Ejidatarios de la comunidad de “La Presa” en Villa de Guadalupe que se oponen a la construcción de la presa “La Maroma” y su sistema hidráulico, por la afectación que representaría para sus tierras, denunciaron el hostigamiento, la presión y hasta amenazas por parte de personal de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se desistan las acciones legales emprendidas para detener este proyecto que consideran perjudicial.
Puntualizaron que también han sido víctimas de este acoso los investigadores del programa “Agua y Sociedad” de El Colegio de San Luis, así como el equipo jurídico de docentes y estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para forzar reuniones y acuerdos tendientes al desistimiento de su causa judicial.
Desde el mes pasado, los campesinos interpusieron demandas de amparo y ante tribunales agrarios, para detener el proyecto del acueducto “La Maroma” porque les despojaría de sus derechos históricos sobre tierras y aguas, conquistados y reconocidos en decreto presidencial de 1924 y 1955, es por eso que los habitantes de diversas comunidades de la zona señalaron en sus demandas que el proyecto busca despojarles del agua de un manantial que utilizan para riego, ganado y servicios domésticos, en cambio sería llevado para beneficio de una zona industrial en Matehuala.
Además, manifestaron que los representantes de la CEA y de la Conagua han amagado con intentar cobrarles los gastos derivados del paro de las obras, puesto lo que los ejidatarios han impedido el acceso a sus territorios de la maquinaria que operaba ilegalmente en la zona, ya que se trata de terrenos ejidales y cualquier empresa requiere permiso expreso de las autoridades agrarias, es por ello que los campesinos temen que en los próximos días las autoridades pudieran intentar reprimir su movimiento para reingresar el equipo, ya que, según refirieron, los funcionarios han anunciado que pueden llegar a las últimas consecuencias, incluido el uso de la fuerza pública.
Cabe recordar que la obra en disputa es un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y cobra especial relevancia en la entidad por los intereses tanto privados como de propias instancias estatales para fortalecer la zona industrial de Matehuala, a costa del perjuicio del sector primario de la región que vive en marginación y esto representa una amenaza que deterioraría aún más sus condiciones de vida.
