21 / octubre / 2021 | 19:28 hrs.

Emiten recomendación a alcalde de Tampamolón por no haber considerado a indígenas en consulta

Deberá reponer prácticamente el proceso y reparar el daño a las víctimas.

Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
Municipios 28/01/2020 13:51 Sergio Marín San Luis Potosí, SLP. Actualizada 13:56

Isidro Mejía Gómez, alcalde de Tampamolón Corona, se hizo acreedor a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por incurrir en omisiones en la consulta indígena para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, sin tomar en cuenta a las comunidades indígenas radicadas en esa demarcación.

El organismo dio a conocer que recibió al menos 20 quejas de personas originarias de Tampamolón Corona, quienes solicitaron investigar sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos, pues en marzo de 2019 las víctimas presentaron un escrito de queja en el que señalaron que ese Ayuntamiento elaboró, aprobó y publicó el Plan Municipal de Desarrollo sin realizar la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas.

Asimismo, se dolieron de que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), omitieron darles asesoramiento, capacitación y seguimiento al proceso para que fueran consultados.

Ante ello la CEDH instruyó que se diese cumplimiento a los puntos recomendatorios en donde se incluye que como forma de reparación del daño se realicen las acciones necesarias con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y absoluta libertad para las y los participantes en la realización de todas las etapas del proceso de “Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas”, para posteriormente incorporar sus propuestas al Plan Municipal de Desarrollo.

También a las víctimas les será reparado de manera integral el daño ocasionado, se realice su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y se incluyan los gastos que los promoventes han tenido que solventar para hacer valer su derecho a la consulta, lo cual deberá ser solventado por el Ayuntamiento en mención. 

Finalmente, se pidió a la Contraloría Interna de ese Ayuntamiento que investigue y determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir servidores públicos municipales.

sergio.marin@clabsa.com.mx

vkc

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