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El calvario no terminó en la carretera. A casi una semana del trágico accidente ocurrido la mañana del pasado 1 de junio en la carretera San Luis Potosí-Cerritos, familiares de las personas afectadas denuncian omisión, negligencia y abandono por parte de la empresa Serval and Travel y de la aseguradora MAPS, pues afirman que han entorpecido la atención médica de los heridos y evaden hacerse responsables de los gastos derivados.
El accidente, que ocurrió en las inmediaciones del municipio de Guadalcázar, involucró a un autobús con 50 pasajeros que terminó volcado.
El saldo fue devastador: cuatro personas perdieron la vida y al menos 15 más resultaron con lesiones graves, algunas de ellas aún hospitalizadas y en espera de cirugías que, aseguran, se han ido postergando debido a la falta de coordinación entre las instituciones involucradas.
Exigen tomar responsabilidades
De acuerdo con los testimonios de familiares y amigos de las víctimas, ni representantes de la línea de transporte, ni de la aseguradora han acudido directamente al hospital para dar seguimiento.
Así mismo, han compartido que desde el día del accidente nadie se ha hecho cargo y los mismos familiares son quienes andan buscando autorizaciones, presionando al hospital, a la aseguradora y a la empresa de transporte.
MAPS, señalan, ha notificado a algunos de los afectados que su "cobertura ha llegado al límite", lo que complica aún más el acceso a intervenciones médicas urgentes.
Por su parte, Serval and Travel se ha deslindado de cualquier gasto adicional, bajo el argumento de que el monto del seguro es limitado tanto para gastos médicos como para los funerarios.
El conductor sigue prófugo
El conductor del autobús, presunto responsable del siniestro, se dio a la fuga y permanece en calidad de prófugo.
Actualmente, cinco pacientes permanecen internados en Star Médica, dos más en el IMSS de Cuauhtémoc y otros dos en hospitales privados en Monterrey.
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Las familias de estos últimos están costeando los tratamientos por cuenta propia.
Aunque algunas personas ya fueron dadas de alta, requerirán procesos de rehabilitación prolongados.
Las víctimas no sólo luchan por recuperarse físicamente, sino por hacer valer sus derechos ante un sistema que, denuncian, les ha dado la espalda.
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