Familiares piden cese de traslados de mujeres privadas de la libertad a reclusorio en la Huasteca Potosina

Familiares de mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios de “La Pila” y “Xolol” alzaron la voz para denunciar un panorama de abandono, violencia institucional y violaciones a los derechos humanos de las internas en el estado.

A través de un comunicado dirigido a la presidenta de México, al gobernador de San Luis Potosí y a la sociedad en general, expresaron su preocupación ante la creciente precariedad y los traslados señalados como “arbitrarios” que afectan la dignidad y el bienestar de las mujeres recluidas.

El colectivo de familiares señala que, desde 2023, los traslados masivos hacia el Centro Penitenciario de “Xolol” han agravado las condiciones de las internas.

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“El aislamiento de sus redes familiares, el deterioro de su salud física y emocional, y la ruptura de sus derechos fundamentales representan una forma de violencia patriarcal institucionalizada”, recalcaron.

Entre las principales preocupaciones, el colectivo destacó que las condiciones son insostenibles e inhumanas ya que tienen acceso limitado al agua potable y alimentos de baja calidad, fallas en servicios básicos como la electricidad y atención médica, higiene deficiente, agravada por la presencia de plagas y aislamiento extremo, al estar ubicado a más de 350 kilómetros de la capital, sin transporte público directo.

Además, los traslados, realizados sin previo aviso ni justificación adecuada, han obstaculizado el acceso al debido proceso judicial de las internas, quienes muchas veces no cuentan con las condiciones necesarias para participar en sus audiencias.

El colectivo subrayó que las familias, principalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica, enfrentan grandes dificultades para visitar a las internas, lo que perpetúa ciclos de desigualdad. Esta separación afecta gravemente a los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad, quienes también se ven despojados de un apoyo esencial en sus vidas.

“Las mujeres privadas de la libertad son personas titulares de derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. No podemos permitir que la prisión sea un espacio de tortura y deshumanización”, enfatizaron.

En su llamado a las autoridades, el colectivo exigió:

1. Condiciones de vida dignas: acceso pleno a agua potable, alimentación adecuada, atención médica y espacios higiénicos.

2. Respeto al principio de proximidad familiar, evitando traslados que desarticulen los lazos afectivos.

3. Revisión integral de los centros penitenciarios, con la participación de organismos de derechos humanos y colectivos feministas.

El colectivo concluyó su mensaje exhortando a la sociedad a mirar hacia los centros penitenciarios y no ser cómplice del abandono que enfrentan las mujeres privadas de la libertad.

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