Juan José de León Juárez, abogado de la región, y María Isabela Jasso Castillo, señalada como representante de Derechos Humanos en la zona Media, fueron vinculados a proceso por su probable participación en un fraude relacionado con la venta irregular de un terreno, caso que tiene como víctimas a integrantes de la familia González Juárez.
De acuerdo con el testimonio de los afectados, la historia comenzó en 2022, cuando buscaban adquirir un predio cercano al canal de la Media Luna para establecer su vivienda, así como como un pequeño negocio de venta de carne asada, actividad que realizan además de su labor como docentes.
El terreno, ubicado en el ejido El Refugio, el lote de 20 metros de frente por 50 de fondo les resultó ideal, por lo que decidieron avanzar en la negociación.
Inicialmente, el costo del predio fue fijado en un millón 600 mil pesos, con un apartado de 250 mil.
Sin contar con esa cantidad de inmediato, lograron acordar un esquema de pagos diferidos: un primer depósito en septiembre y el resto en diciembre de ese mismo año.
Posteriormente, firmaron un contrato de cesión de derechos y compraventa, además de un pagaré por el monto total del terreno, documento que, según relataron, les fue presentado como una simple garantía.
Confiando en la relación previa, accedieron sin contar con asesoría legal.
Durante los siguientes meses, la familia realizó múltiples pagos, algunos menores, otros más significativos, incluso vendiendo propiedades propias y utilizando ahorros, con el objetivo de cumplir el acuerdo.
En total, entregaron más de un millón de pesos en efectivo.
Sin embargo, al acercarse la fecha límite del contrato, comenzaron las presiones para liquidar el monto restante.
Aunque continuaron abonando, la situación se volvió insostenible.
A la par, enfrentaron momentos personales difíciles y recurrieron a préstamos bancarios y laborales, lo que redujo drásticamente sus ingresos quincenales.
La situación escaló cuando, según denunciaron, comenzaron a ser hostigados de manera constante: visitas a su domicilio, confrontaciones en sus centros de trabajo y exigencias de pago en tono intimidatorio.
Ante la necesidad de comprobar la propiedad del terreno para un proyecto, solicitaron documentación que acreditara su titularidad, pero esta nunca les fue entregada.
Fue entonces cuando, con apoyo de un familiar, revisaron el contrato y detectaron irregularidades.
Al acudir al Registro Agrario Nacional (RAN) y al comisariado ejidal correspondiente, descubrieron que las personas que les vendieron el terreno no figuraban como propietarios, ejidatarios, ni avecindados del lugar.
Incluso, el título parcelario estaba a nombre de un tercero.
A partir de ese momento, iniciaron acciones legales tanto en materia civil como penal.
Durante el proceso, además, enfrentaron una demanda mercantil derivada del pagaré firmado, el cual, según un peritaje, presentaba alteraciones, incluyendo la adición de intereses no pactados originalmente.
El proceso judicial avanzó lentamente debido a constantes diferimientos de audiencias.
No obstante, tras manifestarse ante la Fiscalía General del Estado, lograron que se retomara el caso con mayor celeridad.
Finalmente, el pasado 9 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la que, con base en pruebas como recibos de pago, audios y documentación oficial, un juez determinó la vinculación a proceso de Juan José de León Juárez y María Isabela Jasso Castillo por su probable intervención en el delito de fraude.
La familia afectada también informó que, además del dinero entregado, invirtieron alrededor de 800 mil pesos en la construcción dentro del terreno, incluyendo barda, portones, una pequeña edificación y otras adecuaciones, lo que eleva el daño económico total.
Actualmente, los denunciantes aseguraron que únicamente buscan la devolución de una parte del dinero para poder saldar sus deudas y recuperar estabilidad, luego de lo que describen como un proceso largo y desgastante.
Mientras tanto, el caso continúa su curso en instancias judiciales en el estado de San Luis Potosí.