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Entre 2008 y 2013, en el terreno llamado Arroyo El Navajo, ubicado a 94 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres que fueron secuestradas en Ciudad Juárez durante el periodo en el que la zona estuvo militarizada por el despliegue de agentes federales y soldados, como parte del “Operativo Conjunto Chihuahua”, ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua encabezó “El juicio del siglo”, como ellos mismos lo clasificaron, y encontró culpables a cinco personas por el secuestro, prostitución y asesinato de 11 de estas mujeres, pero el análisis de la información contenida en una muestra de 40 de 100 tomos que forman parte de la investigación 2104/2012, así como una serie de entrevistas con expertos y familiares, revelan que por lo menos hay cuatro hilos que ponen en duda la justicia a las víctimas del cementerio clandestino de mujeres más grande de México.
Aquí se encontraron los restos de más de una veintena de mujeres juarenses. Tenían entre 14 y 26 años de edad
La Fiscalía de Chihuahua omitió hacer justicia a 11 víctimas
El 12 de enero de 2015 personal de la Fiscalía de Género del Estado le solicitó a Lilia Ortiz que fuera a sus oficinas. Con la esperanza de que su hija Lilia Berenice Esquinca Ortiz -desaparecida en 2010- hubiera sido localizada con vida, acudió de inmediato.
La noticia era que su hija, de nacionalidad estadounidense y que estudiaba en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP, por sus siglas en inglés), estaba muerta. Pero sólo habían recuperado unos cuantos huesos, los cuales fueron guardados dos años y diez meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) mientras ella y su familia la buscaban.
“Ya estaban todos en un cuarto y me hablaron para hacer el protocolo de decirme que habían encontrado los restos de mi hija. Los interrumpí y les dije ¿dónde está mi hija? Me respondieron: su hija está muerta, la encontramos en los rastreos del arroyo El Navajo y tenemos sus restos”, recordó Lilia Ortiz.
Su hija, así como otras diez mujeres (Hilda Gabriela Rivas Campos, Lidia Ramos Mancha, Brenda Berenice Castillo García, Marisela Ávila Hernández, Mónica Janeth Alanís Esparza, Andrea Martínez Ramírez, Esmeralda Castillo Rincón, Yasmín Taylen Celis Murillo, Yanira Fraire Jáquez y Virginia Elizabeth Domínguez Amador), quedaron excluidas del “juicio del siglo” y sus feminicidios permanecen en la impunidad.
“No han hecho nada, no hay nada, no hay proceso […] ellos tienen su vida feliz, cobrando un sueldo y que las madres se rasquen como puedan. Yo me quedé en la calle, sin casa, sin familia, mi esposo me abandonó al año de haber sepultado a mi hija. A mis otros hijos los tuve que mandar a vivir fuera por su seguridad. Me quedé sola”, expuso Lilia, mamá de una de las víctimas excluidas.
La percepción de impunidad e indignación es compartida por los padres de Esmeralda Castillo Rincón, estudiante de segundo año de secundaria, de quien se recuperaron únicamente 30 centímetros de la tibia derecha el 3 de marzo de 2013 en el arroyo El Navajo.
La familia de Esmeralda, quien desapareció el 19 de mayo de 2009, anhela que ella siga con vida y sabe que la Fiscalía mantiene su caso “congelado” en la Unidad de Lesiones. A ellos se les ofreció incluirlos en el “Juicio Histórico”, declaró José Luis Castillo, papá de Esmeralda, quien señaló que a cambio de que aceptaran, les prometieron entregarles 140 mil pesos como reparación del daño y con cargo al erario público.
El padre de Esmeralda tiene la esperanza de que su hija esté con vida.
“Nos decían, ‘ya tenemos detenidos a unos por el Arroyo, también que carguen con el homicidio de Esmeralda’. No estamos de acuerdo en que en unas personas caiga la responsabilidad cuando éstos no son culpables […] si vamos a encarcelar a cualquier persona que se les ocurra a ellos, los delincuentes siguen afuera”, dijo José Luis Castillo Carreón, padre de Esmeralda.
Tanto la mamá de Lilia Berenice como el padre de Esmeralda, coinciden en que la indiferencia de las autoridades para el resto de las víctimas es mayor a partir de que se emitió la sentencia en el “Juicio Histórico”.
Contradicciones del principal testigo
El menor de edad que fungió como principal testigo de cargo -de identidad protegida, públicamente identificado con las iniciales LJRL y de apodo “El Güero”-, fue detenido el 2 de abril de 2013 en la zona centro de la ciudad con 48 envoltorios de marihuana, de acuerdo con los expedientes del Ministerio Público para la carpeta de investigación 2104-2112.
Tras su arresto, aseguró que tenía información en relación al asesinato de una mujer apodada “La Gata” y a partir de ese momento, los agentes de la Unidad de Menores Infractores lo entregaron a la Unidad de Homicidios de Mujeres, “porque podría estar relacionado con la desaparición y muerte de Andrea Guerrero Venzor, Deisy Ramírez Muñoz e Idali Juache Laguna (mujeres halladas en el Arroyo)”, según se documentó en un informe policial elaborado el 3 de abril de 2013 por agentes del Ministerio Público.
Antes del primer juicio por las víctimas del Arroyo El Navajo, en el 2013, “El Güero” rindió al menos cuatro declaraciones ante la FGE de Chihuahua, y en todas cambió su versión, según el registro de los expedientes de las investigaciones del Navajo.
Inicialmente este “testigo estrella”, como fue denominado públicamente, dijo conocer a ocho de las víctimas del Arroyo El Navajo, luego agregó tres más y declaró respecto a 11. Al principio señaló que él y los integrantes del grupo delictivo “Los Aztecas” secuestraron a las chicas, después se descartó su declaración en la investigación.
También agregó el nombre de presuntos implicados que al principio no mencionó y cambió versiones respecto a las personas que secuestraron a las mujeres. Además identificó a través de fotografías a acusados que en un principio no reconoció.
Esta es una de las imágenes que la propia Fiscalía catalogó como “El juicio del Siglo”. Foto: Blanca Carmona
En relación a Jesús Damián Pérez Ortega, apodado “El Patachu”, supuesto integrante de la banda delictiva, LJRL lo señaló como el principal responsable de secuestrar a las mujeres, pero Ortega fue sentenciado en 2007 a 10 años de prisión y a pagar una multa por cuatro mil 861 pesos, por el delito de transportación de marihuana en la causa penal 170/2005. Salió libre el 4 de diciembre del 2012, cuando las víctimas del Navajo ya habían sido asesinadas y localizados los restos óseos, así lo informó la secretaria de ese juzgado, Guadalupe Acosta García en el “Juicio Histórico”.
De acuerdo al análisis de la sentencia del denominado “Juicio Histórico”, al principio el testigo dijo que los otros integrantes del grupo al que pertenecía sólo eran “halcones” en el centro de Ciudad Juárez, pero ya en el juicio declaró que se dedicaban a la distribución, homicidio, trata de blancas y extorsión.
En otro juicio oral posterior al primero, el “testigo estrella” afirmó que policías municipales lo torturaron para que confesara. Meses después negó que lo hubieran torturado. Y en una entrevista concedida por “El Güero”, el testigo aseguró que hubo una negociación con la Fiscalía de Chihuahua sobre el tiempo que pasaría en prisión.
Fiscalía sin pruebas de su teoría
A Jessica Terrazas, de 18 años, la encontraron en fragmentos en el Arroyo El Navajo: 46 restos óseos, 30 centímetros de su cabello semiondulado y la sudadera de la preparatoria CEPU que sus hermanas le habían comprado como parte del uniforme escolar.
Desapareció el 20 de diciembre de 2010 y 10 meses después (el 21 de octubre de 2011), fue encontrada con la misma ropa del día que desapareció: la sudadera del uniforme, una chamarra con gorro de peluche y sus botas altas.
Junto a ella, un omóplato extra que resultó ser parte del cuerpo de otra víctima, Yazmín Salazar Ponce, de acuerdo con el Dictamen Pericial Complementario de Antropología Forense, emitido hasta el 21 de enero del 2014, por las antropólogas Liliana Dorantes Ortega y Mariel Guadalupe Durán Romero.
Otras seis víctimas también fueron encontradas con la misma ropa que traían la última vez que las vieron. Esto pone en duda el argumento expuesto en el juicio oral por la Fiscalía de Género del Estado de Chihuahua, que sostiene que las víctimas fueron retenidas durante meses para ser prostituidas, de acuerdo con el abogado Gustavo Martínez Montoya, quien lleva años analizando el caso.
Junto a María Guadalupe, otra de las víctimas, se encontraron los zapatos de piso y el pantalón de mezclilla con los que salió de su casa y esta prenda presentaba una mancha de sangre en la parte inferior de las piernas.
De acuerdo al abogado Martínez Montoya, “ninguno de esos ADN corresponden a los acusados ni sentenciados en el caso”, asegura Martínez Montoya.
Se caen las acusaciones
En marzo de 2013, María García Reynoso, mamá de Jessica Leticia, una de las mujeres asesinadas, declaró haber visto a cinco personas en el Hotel Verde, el edificio que identificó la Fiscalía como el lugar de prostitución forzada en el que estuvieron las víctimas, de acuerdo con la carpeta de investigación número 2104/2012 y también a los datos que la propia García aportó el 30 de mayo del 2015 en el “Juicio Histórico”. Todos fueron detenidos. Pero a principios de 2019 la propia Fiscalía de Chihuahua retiró los cargos contra Rafael Mena, uno de los acusados, por no tener pruebas de que fuera culpable.
Por otra parte, en el “Juicio Histórico”, la testigo protegida identificada como “LEAH”, quien dijo que de noviembre del 2007 a junio del 2008 se prostituyó voluntariamente en el Hotel Verde, aseguró haber visto a finales de 2010 y principio de 2011 a cinco de las víctimas localizadas en el Arroyo El Navajo ofreciendo servicios sexuales en ese mismo lugar.
Sin embargo, esto no concuerda porque la testigo estuvo presa en ese periodo, del 21 de marzo 2010 a 15 de marzo de 2011, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cocaína con fines de venta. Se le siguió la causa penal 32/2010-I en el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Chihuahua.
A esto se suma el hecho de que al momento de que la Fiscalía identificó al extorsionador Adrián Arturo Roldán de la Cruz como líder del grupo delictivo que supuestamente raptó a las víctimas encontradas en el arroyo El Navajo, él ya había fallecido. Fue asesinado el 23 de abril de 2013.
Otra detención derivada de las investigaciones que realizó María García Reynoso, mamá de la víctima Jessica Leticia Peña, fue la del dueño de “Botas El Caporal”, Víctor Chavira García. El “testigo estrella” dijo que para no pagar la extorsión al grupo delictivo Los Aztecas, Víctor Chavira sometía y entregaba mujeres. A una de las tiendas de Chavira acudió Jessica Leticia en busca de empleo horas antes de que desapareciera.
Desde mediados de 2009, la familia Chavira estaba pagando cuotas a extorsionadores que los amenazaban con matarlos o quemarles los negocios si no accedían; tres personas fueron detenidas como responsables de extorsionarlos.
El 17 de septiembre de 2013, Víctor Chavira sufrió dos paros respiratorios y fue trasladado al Hospital General donde permaneció hasta el primero de octubre de 2013 y se recuperó. Sin embargo, el 2 de enero de 2014 se presentó un tercer paro respiratorio y murió sin ser sentenciado.
Otro acusado, José Gerardo Puentes Alba fue encontrado inocente después de permanecer más de seis años preso y luego de ser sometido a dos juicios orales. La Quinta Sala Penal Regional de Ciudad Juárez revocó el último fallo condenatorio porque el “testigo estrella” dijo haber visto a Brianda, una de las víctimas, sujeta a prostitución dos años antes de que desapareciera; los magistrados señalaron que los jueces fraccionaron la prueba a modo.
A la fecha Jesús Hernández Martínez; Manuel Vital Anguiano; César Félix Romero Esparza; Édgar Regalado Villa, “Piwi”; y José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”, están sentenciados a 697 años y seis meses de cárcel y Pedro Payán Gloria a 430 años de prisión.
Investigación deficiente
De acuerdo al peritaje realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con un catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el conocido “Juicio del Siglo” se desarrolló y juzgó principalmente con la declaración de un testigo protegido y falta de pruebas por parte del Ministerio Público.
Los cuatro especialistas de la Corte indicaron que en algunos expedientes no se incorporaron elementos de prueba objetivos que sostengan las declaraciones de los testigos.
Un grupo de peritos especializados de la CIDH coincidió en un reporte emitido que en el 2015 entregó a la Fiscalía de Chihuahua, en el que señaló que faltaron pruebas en la investigación y que las líneas de averiguación parten exclusivamente de los testimoniales.
Alfredo Limas Hernández, coordinador del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), afirmó que el denominado “Juicio del Siglo” se realizó con “muchas faltas al debido proceso legal”, y por tanto la sentencia del Tribunal no tiene valor jurídico ni político.
Martínez, abogado que ha seguido el caso desde el inicio, es más duro al analizar todo este proceso. “El caso Arroyo del Navajo fue una terrible e injusta manipulación del dolor de cada madre”.
Desaparición de las víctimas
25.02.08/ Hilda Gabriela Rivas Campos
16 años. Se recuperó un fragmento de mandíbula y otros restos óseos.
01.12.08/ Lidia Ramos Mancha
17 años. Sus restos óseos se hallaron entre enero del 2012 a marzo 2013.
01.12.08/ Andrea Martínez Ramírez
19 años. Sus restos óseos fueron localizados el 28 de febrero del 2012 en el tercer rastreo.
06.01.09/ Brenda Berenice Castillo García
17 años. Solo se recuperaron fragmentos del cráneo.
31.01.09/ María Guadalupe Pérez Montes
17 años. Se encontraron 12 fragmentos del cráneo; un pedazo de la mandíbula y siete costillas derechas incompletas.
26.03.09/ Mónica Janeth Alanís Esparza
18 años. Restos localizados el 28 de febrero del 2013
21.04.09/ Lizbeth Áviles García
16 años. Entre enero y febrero de 2012 se encontraron 20 restos, fragmentos de costillas del lado derecho; la quinta vértebra lumbar y un pedazo del cráneo.
19.05.09/ Esmeralda Castillo Rincón
14 años. Se localizaron 30 centímetros de la tibia derecha.
21.07.09/ Perla Ivonne Aguirre González
15 años. Entre enero y febrero de 2012 se localizaron 41 fragmentos de sus huesos.
07.02.10/ Yasmín Taylen Celis Murillo
17 años. Localizaron el cráneo en el rastreo del 28 de febrero del 2012
23.02.10/ Idali Juache Laguna
19 años. Hallaron dos fragmentos del cráneo el 26 de enero del 2012
03.03.10/ Lilia Berenice Esquinca Ortiz
22 años. Recuperaron sus restos el 3 de marzo del 2012, pero estuvo en el Semefo por 2 años y 10 meses.
27.04.10/ Beatriz Alejandra Hernández Trejo
20 años. Restos recuperados en el primer rastreo del 26 de enero del 2012
31.05.10/ Jessica Leticia Peña García
15 años. Sus restos se recuperaron entre enero y noviembre de 2012.
16.06.10/ Yanira Fraire Jáquez
15 años. Sus restos fueron localizados en junio de 2013.
26.07.10/ Deisy Ramírez Muñoz
16 años. Dos fragmentos de cúbito derechos y otros restos se hallaron el 26 de enero del 2012.
18.08.10/ Andrea Guerrero Venzor
16 años. Seis fragmentos de cráneo se encontraron el 26 de enero del 2012.
05.10.10/ Virginia Elizabeth Domínguez Amador
26 años. Se localizaron 70 restos óseos, entre estos el cráneo.
18.10.10/ Mónica Liliana Delgado Castillo
18 años. Se recuperaron 57 restos óseos.
20.12.10/ Jessica Terrazas Ortega
18 años. Localizaron las extremidades inferiores; la pelvis y varias vertebras.
27.12.10/ Jazmín Salazar Ponce
17 años. El 14 de enero del 2012 encontraron el cráneo con la mandíbula fragmentada y las piezas dentales.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers
