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Entre 2003 y 2017 ocurrieron 159 mil 330 embarazos en niñas menores de 15 años, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De ellas, ocho mil 12 resultaron embarazadas o tuvieron a sus bebés a los 10 y 11 años de edad.
En 2017 se presentó la cifra más alta en 14 años en embarazos de niñas de 10 y 11 años. Esto quiere decir que ese año, a la edad en que deberían estudiar cuarto y quinto grado de primaria, 720 menores de edad se convirtieron en madres.
Especialistas explicaron que uno de los factores asociados al embarazo infantil es la violencia sexual. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan sólo en 2018, dos de cada 10 denuncias que se presentaron en el país por el delito de violación, fueron en la modalidad de violación equiparada donde se incluyen los ataques sexuales contra menores de 12 años.
Los datos revelan que 2 mil 965 casos corresponden a esta tipología.
Para organizaciones como Save The Children, la relación es del doble: 4 de cada 10 delitos sexuales que se cometen en este país son en contra de menores de edad.
“Derivado de la violencia sexual muchas niñas pueden quedar embarazadas. Existe la NOM 46 que obliga a las entidades de salud a brindar atención especial a las niñas víctima de la violencia sexual. Pero esta norma no es respetada en la totalidad del país, y en muchos casos no se aplica”, dijo Ivonne Piedras, coordinadora de Incidencia Política de Save the Children México.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI, 10.09% de las mujeres que tuvieron un embarazo durante su adolescencia, sufrieron algún tipo de violencia sexual; de igual manera en ocho de cada diez mujeres que sufrieron una violación en su infancia, el agresor fue un familiar: tíos, primos, hermanos, padrastros, padres o abuelos y madres en menor proporción.
“Esto abusos se dan también en una condición de secreto familiar. Muchos de estos casos no se denuncian porque cruzan con un proveedor económico, el tenedor del control familiar e indicios de violencia doméstica. Cuando hay una víctima de abuso sexual infantil es altamente probable que las mujeres adultas de ese espacio sean víctimas de otras formas de violencia”, dijo Juan Martín Pérez.
Los datos más recientes con que cuenta el Consejo Nacional de Población, en tres de cada diez de los casos que se presentaron en 2016, el progenitor de los hijos de estas niñas menores de 14 años tenía 20 años o más; en 40% de los casos estos tenían de 15 a 19 años y en 28% no se especificó la edad de los mismos. Sólo 0.8% de los padres tenían menos de 15 años.
“El repunte ya lo habíamos notado porque necesitamos analizar qué está sucediendo en las ciudades que tienen altos niveles de violencia. Si bien los repuntes en el embarazo están relacionados con falta de políticas. El incremento en los índices de violencia ha impactado en el ejercicio de la violencia sexual. Habrá que analizar y desagregar mejor los datos para conocer en qué entidades se está registrando”, señaló Piedras.
Con Save The Children coincide la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Juan Martín Pérez, presidente de la REDIM, explicó que en el caso de los embarazos adolescentes estos se explican porque no ha existido una política consistente de educación sexual en el país desde la primera infancia.
En el caso de los embarazos en niñas, explicó que ha faltado una prohibición legal expresa de las uniones entre adultos y niñas, y al no existir el marco legal para ello quedan en la impunidad.
“Tenemos un número muy fuerte de niñas de 10 a 14 años embarazadas resultado del abuso sexual. Estamos hablando de un hecho delictivo porque cualquier contacto erótico con una niña en esa edad es abuso sexual y tiene que ser sancionado”, dijo.
Para Pérez García este repunte se explica porque muchos de estos casos se presentan en las entidades más violentas como Guerrero, Veracruz, Estado de México, Guanajuato donde la violencia sexual se recrudece en el contexto de la violencia armada.
“Fundamentalmente son las mujeres y niñas de las comunidades más excluidas: indígenas, urbanas, en condiciones de precariedad, en pobreza extrema, que están esencialmente en una condición de desprotección fuera de la escuela que son las condiciones que las colocan más que a otras, en riesgo de ser víctimas de violencia sexual”, dijo.
“El fenómeno se vincula a la ausencia de Estado. No hay procuración de justicia, denuncia no protección o seguridad, por lo que no se puede garantizar la vida de las personas. De tal suerte que cualquier hecho delictivo de abuso sexual contra niñas pequeñas queda en la impunidad y eso las hace más vulnerables”.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2015 hubo 24 mil 338 personas menores de 18 años que contrajeron matrimonio. De ellas, cuatro de cada cinco fueron niñas y adolescentes menores de 15 años que se casaron con hombres mayores de 17 años y 4.4% con hombres de 30 años o más.
Según el Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), las consecuencias que se pueden derivar del matrimonio infantil colocan a niñas y adolescentes “en un riesgo especial de sufrir violencia sexual, física y psicológica a lo largo de sus vidas. Las niñas y adolescentes que son casadas antes de los 18 años tienen más probabilidades de sufrir violencia familiar y mayor tendencia a describir su primera relación sexual como forzada. El embarazo precoz y la iniciación sexual forzada pueden afectar a la salud mental de niñas y adolescentes casadas durante años”.
