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A cinco años de los hechos de Iguala, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente el estudio de más de 10 expedientes relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que van desde la legalidad de la Comisión de la Verdad hasta el pago de salarios a los policías investigados.
De acuerdo con las listas de asuntos de la SCJN, también están pendientes de resolución las demandas de indemnización de algunos de los integrantes de los Avispones de Chilpancingo, equipo de fútbol que resultó afectado durante el ataque a los estudiantes.
En la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena están pendientes cuatro incidentes de imposibilidad de cumplimiento de sentencia tramitados por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en los que tanto la Presidencia de la República, como el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alegaron no poder cumplir con la creación de la Comisión de la Verdad, como ordenó un tribunal federal del estado de Tamaulipas.
Estos asuntos llegaron a la Corte desde octubre de 2018 para que los ministros analicen las sentencias de amparo en las que también se ordenó investigar casos de tortura a los imputados
y determinar sobre la eliminación de pruebas obtenidas ilícitamente.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto para crear la Comisión de la Verdad, representantes del Gobierno federal anunciaron que desistirán de los incidentes, pero fuentes federales informaron que los asuntos permanecen en trámite y vigentes en la SCJN porque hasta la fecha no se ha presentado ningún escrito de desistimiento.
Previo a resolver estos incidentes, el ministro José Fernando Franco González Salas tiene pendiente la emisión de las sentencias en los recursos de reclamación donde las víctimas de la desaparición de los estudiantes impugnaron la admisión de los incidentes tramitados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes han sido reconocidos como víctimas indirectas de los hechos de Iguala, consideraron que los incidentes de imposibilidad no debieron ser admitidos debido a que con ellos, el Gobierno federal buscaba evitar la creación de la Comisión de la Verdad.
Los cuatro recursos de reclamación permanecen aún en trámite y entre los informes rendidos por las autoridades se encuentra el rendido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien preside la Comisión de la Verdad creada por el gobierno actual.
En su informe, el funcionario explicó que la Comisión de la Verdad que encabeza es independiente de la FGR.
“La Comisión no posee facultades penales, pues el seguimiento de la averiguación previa del caso seguirá recayendo en el ministerio público, tal como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, precisó.
“La Comisión que presido está en la disposición de destinar y aplicar los recursos materiales jurídicos y humanos que se requieran para que su conformación y objetivos sean plenamente cumplidos en tanto constituyen una iniciativa más para dar con el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”, agregó.
Otro asunto que la SCJN tiene pendiente de estudio, es la solicitud para atraer un amparo tramitado por un expolicía municipal detenido desde el 27 de septiembre de 2014 quien pide que se le continúe pagando su salario debido a que no ha sido declarado culpable en el caso Iguala.
En tanto, la FGR realiza nuevas diligencias para continuar con la investigación del caso y se espera que entre este martes y miércoles comparezcan a declarar el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; su exprocurador, Iñaki Blanco; y el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Vázquez.
