El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de Ley para regular el Uso Legítimo de la Fuerza, una de las leyes secundarias que darían marco de acción a la recién creada Guardia Nacional. 

En la iniciativa que ya aparece en la gaceta parlamentaria, el PRD propone que los elementos encargados de la seguridad pública tengan prohibido el uso de armas de fuego o letales, salvo cuando sea indispensable para garantizar la vida y la integridad física de todas las personas.

“En todo caso en que sean utilizadas armas de fuego o letales, la autoridad responsable deberá iniciar las investigaciones y brindar la atención física y psicológica que corresponda para los integrantes involucrados en los incidentes”, dispone.

Igual propone cuatro niveles para el uso de la fuerza por parte de elementos entrenados: la persuasión o disuasión, la reducción física de movimientos, utilización de armas intermedias y la utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, no podrán hacer uso de la fuerza con fines punitivos o de venganza, tendrán prohibido infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y deberán abstenerse limitar, indebidamente, las manifestaciones de carácter pacífico que realice la población.

La propuesta de ley hecha por el sol azteca en San Lázaro también contiene un capítulo que pretende regular el uso de la fuerza en actos masivos, en los que pretende instruir que los elementos de seguridad siempre levanten un registro de videos en el desarrollo del operático y resguardar grabaciones de video, audio y fotografías.

“En el caso de las manifestaciones, las instituciones de seguridad pública únicamente estarán presentes cuando así sea requerido por la autoridad responsable y para auxiliarla en el resguardo y buen desarrollo de la manifestación”, puntualiza la iniciativa.

El proyecto de norma también prevé que la formación y capacitación de los elementos de seguridad pública incluyan el respeto a los derechos humanos y el uso responsable de la fuerza para velar por éstos. En caso de que se haga un uso ilegal de la fuerza, pretenden establecer que haya una indemnización que incluya el reconocimiento de la responsabilidad.

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