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En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se construyeron viviendas del Infonavit en zonas de riesgo, o donde no era susceptible la introducción de servicios básicos, afirmó el director del instituto, Carlos Martínez Velázquez, quien asimismo anunció que a mediados de este mes, será presentado el Programa de Recuperación de Vivienda, que representa un grave problema social, urbano y económico, pues se han detectado 654 mil casas abandonadas en todo el país.
El funcionario fue entrevistado al acudir a esta ciudad para poner en marcha el programa Responsabilidad Compartida, por el que serán beneficiados más de 14 mil derechohabientes de la entidad, con una reducción de 55 por ciento en promedio en el saldo de sus créditos para vivienda, y el congelamiento de los pagos hasta el finiquito de los adeudos.
Martínez Velázquez precisó que para el Programa de Recuperación de Vivienda, contarán con la colaboración de la ONU, expertos nacionales e internacionales, de otras instituciones del gobierno mexicano, así como autoridades estatales y municipales, ya que es muy importante que exista una actualización de los planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y transporte.
Explicó que el principal problema sobre este asunto es la situación jurídica de los inmuebles, ya que si bien 200 mil de estas casas abandonadas ya fueron recuperadas por el Infonavit, 250 mil están en proceso judicial, y de otras 200 mil todavía no se ha iniciado el proceso legal.
Con las 200 mil que ya pertenecen al Instituto se pueden diseñar programas para disponer de las viviendas que están en polígonos cercanos a centros de trabajo, a redes de transporte, y cuentan con servicios de agua, luz y otros, para que la gente se pueda ir a vivir ahí.
Admitió que dentro de estas viviendas del Infonavit, “hay desarrollos que no tienen servicios, siguen sin agua entubada, es muy difícil recuperarlas porque requieren inversiones muy fuertes por estados y municipios, lo que sería muy complicado”.
Además, dijo, otros de estos desarrollos los construyeron en zonas de riesgo, y ahí los gobiernos estatales tendrían que reubicar a la gente y recomendar la demolición de las casas.
El abandono de estas viviendas por parte de los acreditados, señaló Martínez Velázquez, tiene que ver con un modelo urbano expansivo que se promovió en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando “lo único que les interesaba era colocar créditos, sin importar dónde se ubicaba la casa, ni las condiciones urbanas” donde se edificaría.
“Pusieron casas donde nunca se tuvo que poner un ladrillo, y obviamente las familias no encontraron ahí una satisfacción a sus necesidades, ni una forma de hacer un patrimonio para su familia, es un desastre lo que dejaron, y vamos a ver cómo lo recuperamos”, añadió el funcionario federal.
Agregó que el tema de las casas chiquitas, “los huevitos” como las llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver también con este desastre urbano, en el que no importaba la calidad, el tamaño de las viviendas ni los materiales, ya que en Quintana Roo, el Infonavit financió casas de 27 metros cuadrados, cuando lo mínimo que recomienda la Comisión Nacional de Vivienda es de 40 a 42 metros cuadrados de construcción.
Comentó que están viendo cómo revisan hacia a la alza ese parámetro, combinándolo con el tema de costos, para ofrecer a los trabajadores que menos ganan, viviendas de mejor calidad.
Por otro lado, comentó que en coordinación con el SAT y el Infonavit, están trabajando para establecer programas más rigurosos de auditoría, a fin de que los patrones registren a sus empleados y lo hagan con el salario real, ya que hasta hoy cada uno de dichos organismos trabaja por su lado.
Martínez Velázquez declaró por otra parte que el Infonavit ha suspendido a cuatro despachos de abogados, que realizaban labor de cobranza a nombre del Instituto, y se coludían con jueces para la realización de juicios masivos con los que se quitaban las viviendas a los acreditados que caían en mora de pagos.
“Lo que encontramos al asumir la nueva administración es que el Infonavit hacía juicios masivos en todo el país, agarraba paquetes de vivienda que estaban ubicados en Puebla por ejemplo, y se litigaban en Nayarit”, añadió.
Explicó que de este modo el Infonavit recuperaba más rápido los créditos hipotecarios, ya que ordinariamente un proceso legal tarda 4.8 años, y mediante esta práctica que se impulsó en el sexenio pasado, en sólo un año y medio el Instituto se hacía de las viviendas.
Agregó que el Infonavit ha estado colaborando para aportar la información que ha requerido la Fiscalía General de la República, a fin de proceder contra los jueces que procedieron irregularmente en coordinación con despachos que operaban a nombre del Instituto, para recuperar las viviendas, lo que llevó a la suspensión de varios jueces y la reciente renuncia de un magistrado en Nayarit.
Comentó que la suspensión de cuatro despachos de cobranza, fue resultado de una auditoría que ordenó el 26 de diciembre, y una vez que concluya la investigación, “podremos actuar mucho más fuerte”, para evitar o sancionar prácticas indebidas contra los derechohabientes.
Además, aseveró, se cancelaron los juicios masivos, “ya no se hacen esas medidas procesales y suspendí las subastas de vivienda involucradas”.
El funcionario señaló finalmente que además se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que haya un canal directo de denuncia, y que se traslade a los despachos de cobranza, que actúan a nombre del Infonavit, la obligación de respetar los derechos humanos, y no tengan actitudes molestosas contra los trabajadores.
