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En la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 estuvieron involucrados decenas de servidores públicos, quienes continuaron con sus funciones dentro de la estructura gubernamental, a pesar de que su nombre quedó ligado a la matanza.
Al menos 26 de los funcionarios, que fueron protagonistas durante el movimiento estudiantil, ocuparon distintos cargos y tuvieron diversos niveles de participación.
En los hechos estuvieron relacionados Gustavo Díaz Ordaz, Ejecutivo en funciones; Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación; los generales Marcelino García, secretario de la Defensa; Luis Gutiérrez, jefe del Estado Mayor Presidencial; Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Sedena; Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República; el jefe y subjefe de la policía del entonces Departamento del Distrito Federal, Raúl Mendiolea y Luis Cueto Ramírez; el director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios; el canciller Antonio Carrillo y el regente de la Ciudad, Alfonso Corona del Rosal.
De estos funcionarios, todos continuaron en cargos públicos y sólo cuatro fueron llamados a rendir cuentas ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada por decreto presidencial de Vicente Fox. El único en prisión domiciliaria, Luis Echeverría, fue puesto en libertad y exonerado.
A más de medio siglo no se ha determinado el actuar de cada uno de estos servidores, su responsabilidad y la sanción que históricamente les corresponde, aun después de muertos.
