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El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados presentó un informe en el que asegura que en México no existe una legislación que a nivel federal tipifique la violencia política contra las mujeres como un delito, lo que calificó como "uno de los grandes problemas del siglo”.
En su análisis “Violencia política en razón de género”, el CELIG resaltó que aunque el artículo primero constitucional prohíbe todo tipo de discriminación, “siguen siendo blanco de estigmatización por el solo hecho de ser mujeres”.
El estudio refiere que cinco entidades establecen este tipo de violencia en su Constitución,18 lo mencionan en su ley electoral, 21 tienen referencia a este en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuatro la tipifican como delito en el Código Penal estatal, y tres no la han legislado en ninguno de sus marcos jurídicos.
Además, informó que la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades con mayor número de denuncias por agresiones políticas de género.
“La agresión política es el obstáculo que enfrentan por querer ejercer sus derechos político-electorales y acceder e influenciar en sus comunidades, situación que no tiene que ver con sus ideas, propuestas, o por pertenecer a un determinado partido político, sino por ser mujeres”, expone el documento.
El CELIG apuntó que en 2018, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dictó por primera vez medidas cautelares para que Facebook eliminara las expresiones de violencia política hacia mujeres en el marco del proceso electoral pasado.
Aún después de ese hecho, se registraron 106 casos de violencia política en contra de mujeres. “Hubo 16 candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de mujeres indígenas, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)”, señaló el CELIG.
Las instituciones encomendadas de atender este tipo de agresiones son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE y la FEPADE, las dos primeras construyeron y firmaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra la Mujer en 2016.
“Sin embargo, aún hay mucho camino por andar hacia la igualdad. Visibilizar el problema es un buen inicio, porque todavía las mujeres son invisibles para participar en espacios de verdadera toma de decisiones”, expresó el CELIG en el informe.
