En el estado hay alrededor de 125 mercados de explotación sexual digital, en los que más de 800 mujeres, jóvenes y niñas son exhibidas a través de fotos y videos sin que ellas hayan dado su consentimiento.

De acuerdo con Olimpia Coral Melo, activista de la alianza Defensoras Digitales, del Frente Nacional para la Sororidad, Chiapas es una de las cinco entidades donde se ha detectado mayor cantidad de contenidos que violentan a las mujeres en la web. Los videos y fotografías van desde imágenes de ellas caminando, hasta el llamado “etnoporno”.

Los mercados de explotación sexual digital, explica Coral Melo, pueden ser páginas en redes sociales, sitios pornográficos y también carpetas de contenido en la nube, donde la imagen de las mujeres es expuesta sin su permiso e incluso, en casos más graves, también son difundidos sus datos personales.

En este contexto, hoy los legisladores locales discutirán en sesión extraordinaria dos únicos temas: la Guardia Nacional y la adición al Código Penal del estado del delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal, mejor conocida como la Ley Olimpia. De aprobarse, quien cometa este ilícito podría recibir seis años de prisión o más.
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Hasta ahora, sólo dos entidades del país han modificado sus leyes para penalizar la violencia digital: Puebla y Yucatán. Ambos cambios tuvieron lugar el año pasado.

Es real. Olimpia, quien en 2013 fue víctima de violencia digital en su estado natal, Puebla, es la impulsora de esta ley que contempla tipificar el ciberacoso y otras violencias en la web, como la sextorsión y la trata virtual.

La propuesta contempla que las autoridades estén obligadas a bajar los contenidos de la red, investigar y sancionar a los responsables con penas de tres a seis años de cárcel. Además, se exige que se promueva la educación digital.

En el caso específico de Chiapas, por las características de la violencia en el estado —que activistas han determinado a través de la elaboración de un perfil—, la pena sería de seis años, sin derecho a fianza y podría aumentar si la víctima pertenece a algún grupo vulnerable, como población indígena.

“En estos mercados de explotación encontramos, por ejemplo, videos de mujeres indígenas amamantando o yendo al baño, que son grabadas sin su consentimiento, con una cámara oculta (...). Los contenidos no sólo provienen de la práctica insegura del sexting, de los packs”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

El comercio. De acuerdo con Olimpia, las mujeres no sólo son violentadas en los espacios físicos y digitales, también su imagen es usada para el comercio. Por ejemplo, en Chiapas, algunos contenidos pueden ser descargados a cambio de un pago, e incluso son comerciados en mercados físicos, a través de DVD.

“Quienes quieren descargar estas imágenes pagan entre 20 y 200 pesos (…). Eso no es todo, afuera del mercado de un municipio los venden hasta en 10 pesos por disco”, explica.

Sobre la ley que se discutirá hoy, antes del Día Internacional de la Mujer, Coral Melo detalla que la iniciativa fue presentada el pasado 13 de diciembre de 2018 por la diputada Aída Guadalupe Jiménez.
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Para llegar a la discusión de esta reforma, activistas trabajaron desde diciembre pasado en la entidad. Recorrieron seis municipios y escucharon historias de viva voz.

“Hicimos toda una jornada, tocamos puertas. Capacitamos a funcionarios en incluso a la Comisión de Derechos Humanos del estado, porque no nos interesa sólo la punibilidad, sino que esta ley se socialice y que las chicas sepan que es un delito”, dice.

Defensoras Digitales han recibido más de 350 denuncias de mujeres del país que han sido violentadas en el espacio digital. En Chiapas los municipios más violentos son Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Tapachula.

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