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El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México sorprendió con la decisión de ordenar frenar la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, uno de los más grandes proyectos de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión de los magistrados del Colegiado fue emitida en un recurso de queja presentado por Juan Ramón Morera Mitre, director de la textilera Novalan, S. A. de C. V., a quien el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México le había negado la suspensión provisional que solicitó para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía al considerar que no tiene un interés legítimo para una petición de este tipo.
El quejoso pidió amparo contra el incremento de la tarifa aeroportuaria anunciada por el gobierno federal para este 2019, pues además de que alegó que como usuario paga cantidades excesivas para viajar en avión, indicó a los magistrados que el aumento en la tarifa debía darse por las razones autorizadas en la ley y no para financiar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como planea el gobierno federal.
Este argumento fue desestimado por los magistrados y entonces ¿cómo se logró frenar la construcción de la obra?
En su demanda dijo que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía viola sus derechos a un ambiente sano porque no existen las autorizaciones correspondientes en materia de medio ambiente.
Que en la zona de los municipios de Zumpango y Tecámac, donde se pretende construir el aeropuerto, hay áreas naturales protegidas.
Alegó que tratándose de medidas cautelares se deben analizar los principios de prevención y precaución porque los daños de esa índole son irreversibles, por tanto, irreparables.
Exhibió documentos para acreditar que en las áreas donde se construiría el aeropuerto hay ANP, los planes para su recuperación y conservación y las de la planeación del nuevo aeropuerto.
Para acreditar la existencia del acto, exhibió notas periodísticas sobre la colocación de la primera piedra, realizada en abril pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con todo esto, los magistrados consideraron por el momento y únicamente para resolver la suspensión provisional, que los actos reclamados sobre el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la sustitución de este en la Base Militar de Santa Lucía, sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto de ambiental y sus actos de ejecución, son ciertos.
“La eventual construcción del aeropuerto en la zona que indica la parte quejosa lleva aparejada la ejecución de diversas obras de infraestructura, por lo que el acto reclamado es de naturaleza positiva que admite su suspensión, como es precisamente el cese, por el momento, de la correspondiente edificación”, indicaron los magistrados.
Por ello, al considerar que la ejecución de la obra provocaría daños de imposible reparación concedieron la suspensión provisional hasta que el gobierno federal acredite que sí cuenta con los permisos ambientales.
Al respecto, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que cumplirá con la sentencia del Colegiado y esperará a la emisión de los dictámenes correspondientes para continuar con la obra.
