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Saltillo, Coahuila.- El policía estatal Juan Carlos "N" de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado (FGE) quién disparó contra Marco Tulio -el migrante muerto de un balazo durante un operativo- fue arrestado y desde las noche del sábado duerme en el penal estatal.
Resultado de las primeras pesquisas la Fiscalía concluyó que el inmigrante era inocente, que no hubo razón o motivo para que el oficial le disparara y lo matara (porque no estaba armado). Se comprobó que hubo uso excesivo de la fuerza letal, que el policía actuó con ventaja y como presunto culpable irá a juicio.
Gerardo Márquez Guevara, titular de la FGE informó que fue ejecutada la orden de aprehensión y que el detenido enfrentará cargos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado con ventaja en contra del hombre al que le quitó la vida el 31 de julio de este año.
En casi 72 horas se han llevado acabo aproximadamente 35 diligencias en torno a este caso y la carpeta de investigación revela que:
"La víctima de este homicidio es (era) inocente, porque en ningún caso se advierte alguna agresión a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que participaban en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta de narcóticos y, en el que se reitera, no hubo participación de elementos de ninguna corporación federal".
"La indagatoria está cargo de la Dirección de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Agravio de Migrantes, con los resultados obtenidos hasta el momento la Fiscalía reconoce la inocencia y la calidad de víctima a Marco Tulio “N”, por lo que lamenta la comisión de estos hechos que involucran a un agente ministerial por uso excesivo de la fuerza letal", subrayó.
Asimismo, dijo que como parte del compromiso de la Fiscalía con la transparencia e imparcialidad de la investigación, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tomaron conocimiento del caso en el ámbito de su competencia.
El código penal de Coahuila establece condenas de ocho a 60 años de cárcel a quienes cometan este tipo de delitos de alto impacto.
Márquez Guevara destacó que en cumplimiento al compromiso de aplicar una política de transparencia giró instrucciones al Ministerio Público (MP) para que notifique a estos órganos protectores de derechos humanos, la plena disposición de la dependencia a su cargo para que tengan acceso a la carpeta de investigación y definan las reuniones que estimen necesarias con el Fiscal General, a fin de que puedan documentar el caso, emitir sus consideraciones y observar las diversas líneas de investigación que se están desahogando.
Abrirán más líneas de investigación
También informó que, por los datos recabados, será necesario abrir otras líneas de investigación que deberán agotar:
"En el momento procesal oportuno informaremos a la opinión pública, pero por razones de secrecía de la investigación, ahora no podemos ampliar más datos sobre estas líneas pendientes de desahogar", remarcó.
