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El juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, afirmó que ya no requerirá el acta entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si investigará o no a José Antonio Meade.
Delgadillo Padierna informó esto por escrito al juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la demanda presentada por la defensa de Robles para no presentar el acta de entrega-recepción de Sedesol.
El juez de amparo concedió la suspensión definitiva a la extitular de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que en cumplimiento a dicha medida, Delgadillo Padierna dijo que ya no requerirá el documento y manifestó su conformidad con la decisión de conceder la medida a favor de Robles.
El documento había sido requerido por el juez de Control a la defensa de Robles, debido a que ellos manifestaron que la extitular de Sedesol informó a su sucesor Meade de las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la dependencia y cuáles quedaban pendientes de solventar.
Dichas irregularidades, según la acusación de la FGR, provocaron un daño patrimonial por más de 5 mil millones de pesos sin que Robles supuestamente hiciera algo para evitarlo.
Por ello, el juez consideró que la defensa debía presentar el documento para que la FGR analizara la posibilidad de investigar al priista por las mismas omisiones por las que la secretaria permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión preventiva en el penal de Santa Martha.
En su informe, el juez indicó que el requerimiento fue de carácter personalísimo a Robles Berlanga pero no era un mandato obligatorio. De este modo, la defensa de Robles ya no está obligada a entregar el documento.
¿QUÉ ES LA ESTAFA MAESTRA?
"La Estafa Maestra" es una investigación periodística que en septiembre de 2017 reveló un escandaloso desvío de recursos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
En dicha investigación, publicada por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de más de 3 mil millones de pesos.
El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios. Once dependencias del Gobierno Federal recurrieron a ocho Universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.
Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas de las cuales 128 eran ilegales o "fantasma". Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.
El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.
La ASF, órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, aportó datos sobre un sistema conformado por 128 empresas fantasma por medio de las que el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Peña nieto, desvió más de 3 mil millones de pesos.
Por medio de 73 convenios (subcontrataciones) 11 dependencias entregaron más de 7 mil millones de pesos. Las 128 empresas fantasma, identificadas en la investigación periodística, recibieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los cuales se desconoce en qué fueron empleados o dónde fueron a parar.
Y la noche de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Dicha acusación, por la que la FGR busca que Robles sea vinculada a proceso, derivó justamente del caso de la llamada "Estafa Maestra".
