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Ciudad de México.- Funcionarios de diversas entidades de la Administración Pública Federal como PGR, SAT, SHCP, Bansefi, Nacional Financiera, Bancomext, Banco de México y de la Secretaría de Salud han buscado la asesoría de algunos despachos de abogados para enfrentar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y según información pública, serían cerca de 6 mil 500 personas quienes resultarían afectadas.
A su vez, magistrados y jueces federales han interpuesto amparos contra dicha ley; hasta el pasado 30 de noviembre, 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos.
En tanto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora manifestó que hay una disposición constitucional que hace referencia a habilidades jurídicas en el desempeño del cargo (como una de las excepciones) que podrían utilizarse contra la Ley de Remuneraciones.
“Y es uno de los supuestos de todo el personal jurídico que trabaja en el Poder Judicial”, dijo.
Cabe destacar que la posición final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se definirá cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 22 de noviembre, por considerar que la Ley de Remuneraciones podría vulnerar los derechos humanos de aproximadamente mil 190 personas.
Asimismo, el máximo tribunal habrá de pronunciarse ante el amparo colectivo que promueven jueces y magistrados federales de todo el país.
Calificó de “poco serio” el argumento de los integrantes del Poder Judicial de la Federación de que la reducción salarial que deriva de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones fomenta la corrupción.
