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Aunque la trata de personas ha dejado miles de víctimas en el país, la lucha contra este crimen ha sido una “simulación”, aseguró la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En un reporte publicado hace un mes, el órgano especializado de la Cámara de Diputados explicó que el gobierno ha sido incapaz de crear políticas públicas para atender el problema.
En el documento Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF enfatizó las deficiencias de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
“La operación de la Comisión Intersecretarial y la participación de sus integrantes fue sólo una simulación, ya que no abonó a que el Estado mexicano dispusiera de una política nacional que gobernara de manera coordinada la prevención, atención y procuración de justicia en materia de trata de personas”, concluyó la ASF.
Destacó que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la antigua Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) son algunas de las instituciones que forman parte de la Comisión Intersecretarial y que incurrieron en omisiones.
“[La Comisión Intersecretarial] no garantizó la observación del mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes amenazados o lesionados por la comisión del delito de trata de personas”, criticó la ASF.
Informó que esa coalición gubernamental estableció 163 acuerdos para enfrentar el ilícito; sin embargo, no dio cumplimiento a 118 de las metas propuestas.
El documento de la auditoría también reveló que todos los estados debían implementar 10 medidas para erradicar este crimen, pero ninguno cumplió con esto.
Las prevenciones que los gobiernos estatales debían realizar eran tener una comisión interinstitucional; participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial; contar con un marco normativo en materia de trata; armonizar su ley local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito de trata; contar con un sistema de información para el registro de las víctimas en la materia; transmitir información al respecto; realizar acciones de sensibilización y difusión; contar con un modelo de atención a víctimas, así como reparar el daño a las mismas.
Hidalgo y Baja California sólo adoptaron dos de estas medidas; Nuevo León, Nayarit, Guanajuato y Chiapas implementaron tres; Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, Campeche y Baja California Sur llevaron a cabo cuatro.
En oposición a esos estados, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz cumplieron con ocho de las 10 medidas, mientras que Yucatán, Tlaxcala, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco y Durango adoptaron siete.
Otra problemática detectada por la ASF fue la falta de recursos económicos para disminuir los casos de trata de personas: “Ninguna de las 32 entidades federativas dispuso de un fondo financiero, de un modelo integral de atención a víctimas, lo que significó que el Estado mexicano ha sido laxo en coordinar con los gobiernos estatales la implementación de la política de combate a la trata de personas”.
“Urge atender el problema”
De acuerdo con el último Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2012 y 2017 se registraron un total de 5 mil 245 víctimas de este crimen.
Las niñas y mujeres representan 85% de la población afectada por el delito de trata de personas; el resto son niños y hombres.
La explotación sexual es la manera más frecuente en la que se presenta la trata de personas, ya que agrupa 70% de las víctimas, mientras que otro 17% enfrenta este mismo crimen, pero en el ámbito laboral.
La CNDH también detectó, en menor medida, víctimas de mendicidad forzada, adopción ilegal, uso de menores de edad en delitos, matrimonio forzoso y otros tipos en los que se presenta la trata de personas.
Expertas consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que el desconocimiento del delito y la falta de compromiso provocan que la trata siga existiendo.
“En los ministerios públicos hay gente con muy poca calificación técnica para investigar el delito de trata de personas, que además es muy complejo. ¿Cuántos líderes de bandas proxenetas [están] detenidos? Yo diría que ninguno. Siempre se detiene a personas de bajo rango”, comentó Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
Iliana Ruvalcaba, especialista en el tema y directora de la organización El Pozo de la Vida, expresó: “Desgraciadamente el delito está creciendo y no se castiga lo suficiente. También nos hemos dado cuenta de que la trata de personas no es una prioridad para este gobierno si se compara con otros temas, por ejemplo, la desaparición de personas”.
