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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma integral a siete leyes para tipificar y sancionar violencia política de género y además para armonizar todo el marco jurídico en materia de paridad, paquete de enmiendas que fueron remitidas al Senado de la República.
Se estableció que será considerada violencia política en razón de género toda aquélla acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que limite, anule o menoscabe “el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el líder desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”.
Esa violencia podrá presentarse con cualquier tipo de ridiculización, bromas hirientes, agresiones verbales, restricción al uso de la palabra, obstaculización en el trabajo, hostigamiento, coacción, acoso u hostigamiento sexual, amenazas, presión para que solicite licencia o renuncie a una candidatura o cargo.
La semana pasada, los diputados avalaron reformas que incorporaron la violencia política de género como delito electoral, mismo que podría cometerse dentro de procesos electorales y es sancionable penalmente.
Ahora los diputados reformaron siete leyes –por unanimidad de 419 votos en lo general y 416 en lo particular- para definir qué se entiende por esa conducta; establecieron medidas de prevención, sanciones penales y administrativas –a partidos o funcionarios- establecieron que se entenderá por ese tipo de violencia la que se ejerza durante campañas y contra candidatas, pero también durante el ejercicio de un cargo, por ejemplo la que afecta a presidentas municipales, consejeras, magistradas, líderes políticas o sindicales.
El paquete armonizó otras leyes, entre ellas electorales y del Poder Judicial, para hacer obligatoria la paridad en la integración de sus órganos de dirección, y ampliarla, en el caso de los municipios, para las planillas (sindicaturas y regidurías), caso para el que se facultó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLs) a velar por su aplicación.
Entre las sanciones administrativas se estableció por ejemplo que los partidos podrán perder el registro de candidaturas si no cumplen con la paridad, o perderán el derecho a registrar postulaciones, medidas que hoy se aplican por disposición del INE ratificada por el TEPJF.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño, aseguró que estas enmiendas no pretenden que las mujeres accedan a los cargos sin competir por ellos.
“La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismo de sujeción”.
Estas no son “gentiles y necesarias o tolerables concesiones”, destacó Rocío Barrera (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación, al exponer que se busca atajar la violencia política que se da en instituciones del Estado en elecciones, al interior de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los medios de comunicación.
Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, explicó que se cerró todo resquicio a la violencia política por razón de género no sólo en el plano político electoral.
Todos los tipos de violencia que hay a nivel general se puede dar en el ámbito político, por ejemplo violencia, sexual, económica y digital y si bien ya están sancionados en otras leyes, serán “considerados agravantes cuando se cometan en el ámbito de la política y mientras se ejerce un cargo”.
Guadalupe Almaguer, diputada del PRD, recordó que las elecciones de 2018 fueron las más violentas y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) registró 103 casos de agresiones políticas por motivos de género, de ahí la urgencia en, por fin, legislar de forma integral en la materia, lo que se había impulsado desde hace años y no había sido posible.
En ese mismo año en el que se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención. Entre ese año y lo que va de este, ya van 276 casos.
Esa violencia, ejemplificó, puede ir desde registrar como candidatas a mujeres sólo en distritos electorales perdedores; expresiones que denigren a las mujeres y su imagen pública con base en estereotipos de género; inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión; daños a propaganda de mujeres; uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres o la divulgación de imágenes, mensajes o información de las mujeres, con el fin de menoscabar su imagen pública.
