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La Fiscalía General de la República (FGR) estableció un decálogo de delitos de atención prioritaria, que por la “gravedad de sus efectos y niveles de violencia, laceran la seguridad de las personas y la estabilidad del Estado mexicano y favorecen una percepción de inseguridad…”.
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero priorizó como número uno el combate a la corrupción, en sintonía con el gobierno federal, según el Plan de Persecución Penal que presentó a la Cámara de Senadores.
Como número dos y sucesivamente, los delitos contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, delitos cometidos contra los derechos humanos, en contra de la libertad de las personas, contra el comercio, portación ilegal de armas de fuego, contra el sistema electoral, delitos ambientales y narcotráfico.
Para la FGR dichos delitos favorecen una percepción de “inseguridad y vulnerabilidad por la forma en que se cometen y la conmoción social que generan”.
De acuerdo con el documento, en promedio, casi la mitad (42%) de las carpetas de investigación que se inician en la Fiscalía General de la República derivan de denuncias de delitos de carácter patrimonial o de los tipificados en las leyes de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros, lo que “implica que gran parte de los recursos y capacidades de la FGR se destinan a investigar ilícitos que, hasta cierto punto, no son graves y que además presentan pocas probabilidades de éxito, en virtud de que el 98% y 99%, respectivamente, inicia sin la identificación de un imputado”.
En contraste, destaca, las carpetas de investigación relacionadas con delitos de armas de fuego y narcomenudeo, la mayoría inicia con un imputado conocido, lo cual, según la institución, explica el grado de efectividad institucional en tales materias.
La Fiscalía General de la República consideró que con la priorización de los delitos se podrá ofrecer una respuesta apropiada, oportuna y razonable a las denuncias de las víctimas, que esperan periodos injustificados.
“Para transformar esta dinámica la Fiscalía debe desarrollar capacidades que le permitan ofrecer una respuesta apropiada a cada caso, esto puede conseguirse a través de esta política de priorización y del circuito de selección de casos, especificándose las unidades de la FGR a las que se pueden derivar las denuncias, así como el tipo de hechos que éstas pueden atender”, señala el Plan de Persecución Penal.
Según la FGR, en 2018 se registró un total de 112 mil 635 investigaciones, de las cuales solo el 16% inició con detenido o imputado conocido.
“La implementación del modelo de investigación criminal, así como del esquema de persecución penal estratégica requiere de recursos financieros suficientes, de lo contrario se limitarían las funciones de los operadores sustantivos”, se advierte en el documento.
