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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, impugnó la condena de nueve años de prisión que un juez federal dictó en su contra por asociación delictuosa y lavado de 500 millones de pesos producto del desvío de recursos.
A pesar de que la sentencia emitida por el juez Juan Fuerte Tapia derivó del pacto que Duarte realizó con la Procuraduría General de la República (PGR) para llevar su procedimiento de manera abreviada, fuentes federales confirmaron que su defensa presentó un recurso de apelación en el que reclamó el concurso de delitos realizado por el juzgador para imponerle además una multa por 58 mil pesos y el decomiso de 41 bienes.
En tanto, su esposa Karime Macías, quien acrualmente vive en Gran Bretaña, podría solicitar amparo contra su posible extradición a México, luego de que el Primer Tribuenal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a un juez que le permitiera interponer ese recurso, con lo que busca evitar enfrentar a la justicia.
Al aceptar llevar su procedimiento de manera abreviada, Duarte se comprometió con la PGR a declararse culpable de los delitos que se le imputaron a cambio de que la dependencia solicitara la imposición de una pena mínima.
El 26 de septiembre, durante una audiencia, la PGR solicitó condenar a Duarte a cuatro años y medio por cada uno de los delitos por los que se declaró culpable; una amonestación para evitar que reincida; el decomiso de 41 bienes que la dependencia ya tenía asegurados y la suspensión de sus derechos políticos.
La apelación de Javier Duarte será conocida por un tribunal unitario en la Ciudad de México que decidirá si confirma, revoca o modifica la sentencia.
Si en apelación o amparo Duarte no logra combatir la prisión que le fue impuesta, podría solicitar su libertad anticipada en el año 2021 pues para entonces habrá cumplido con 50% de la condena porque el juez tomó en consideración el tiempo que permaneció detenido y que empezó a contar desde abril de 2016 cuando fue capturado en Guatemala.
La sentencia que Duarte negoció provocó que ahora la Visitaduría General de la PGR iniciara una carpeta de investigación contra los funcionarios encargados del caso.
La carpeta fue abierta por la posible comisión de cohecho y delitos contra la administración de justicia, luego de que la organización de la sociedad civil Tojil presentó una denuncia por posibles actos de corrupción que permitieron que a Duarte se le impusiera una pena mínima por asociación delictuosa y lavado de dinero.
La PGR notificó a la asociación del inicio de los actos de investigación necesarios y le requirió que acredite su calidad de víctima dentro del procedimiento para que pueda dar seguimiento a las indagatorias, por lo que citó a su representante legal para el próximo 12 de octubre.
“En caso de que esta calidad le sea reconocida a la organización, ya sea por el Ministerio Público federal o por un juez, generará un gran precedente en materia de transparencia y acceso a la justicia en los casos vinculados a corrupción en México”, informó.
