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Denise, de 27 años y cuyo médico le diagnosticó en 2015 trastorno depresivo y ansiedad, viajaba de Durango a la Ciudad de México en autobús. Nunca se había considerado rechazada ni excluida en su familia, en su trabajo y entre sus amigos, pero en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la CDMX fue minimizada por su estado de salud mental, cuando denunció el acoso sexual del que fue víctima.
La joven planeó disfrutar un fin de semana en la CDMX tras el viaje de 12 horas. Tomó el medicamento que le prescribieron para sentirse tranquila y en el camino intercambió mensajes con su pareja; después notó que el hombre del asiento a su lado se había dormido. Decidió apagar su teléfono y también dormir.
Sin embargo, Denise despertó de golpe al sentir que el desconocido —más tarde sabría que se llama Esteban, de 38 años— puso un brazo encima de su cintura; ella lo retiró y asumió que seguía dormido. Trató de conciliar el sueño, pero en pocos minutos Esteban subió sobre ella su pierna derecha. Lo eludió y cada vez más preocupada, llamó a su pareja, pero no obtuvo respuesta.
El viaje proseguía y Denise volvió a dormirse, tapada con una cobija. Una vez más despertó, porque Esteban ya estaba encima de ella, frotando el pene en una de sus piernas. Sorprendida, empujó al agresor, que regresó a su asiento y fingió estar dormido; lo golpeó en el pecho, pero la ignoró, como si nada estuviera ocurriendo.
Denise lo reportó al conductor; despertaron a la encargada del autobús y ella le recomendó denunciar al sujeto en Querétaro, pues cruzaban esa ciudad, pero la policía les dijo que para levantar el reporte el autobús debía quedarse ahí con todos los pasajeros. Denise decidió esperar hasta llegar a la Ciudad de México.
En la capital del país había una patrulla esperando en la estación. Los agentes detuvieron a Esteban, quien fue llevado a la fiscalía, donde la denuncia pareció marchar bien hasta que Denise mencionó el medicamento que había ingerido abordo del vehículo, lo que dio pie a que su declaración fuera manipulada, al grado de “establecerse” que no se había percatado de los hechos por consumir el tranquilizante. “Era un viaje de 12 horas, era obvio que me iba a dormir aún sin medicamento”, recalca Denise, quien declinó ser identificada con su apellido para este reportaje.
En la fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades cuestionaron a Denise y la pasaron con la sicóloga, quien le exigió hablar de su vida y sobre todo de los medicamentos que usa. “Como ya habían puesto palabras en mi boca, decidí no contar nada. Emplearon como pretexto mi salud mental, parecía que lo estaban defendiendo a él”, dice.
Llegar a un arreglo
Enfatiza que “me sentí rechazada, me hacían contar cada cinco minutos lo que había ocurrido y aún así no me creían, me daban largas, decían que tenían mucho trabajo, que mejor llegara a un arreglo con el agresor. Desde entonces no he tenido noticias y es horrible que traten a las personas como locas sólo por las medicinas que necesitan”.
La discriminación a quienes padecen enfermedades mentales es más común de lo que se cree. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas constituyen un grupo vulnerable por sufrir esquizofrenia, ansiedad, depresión, bipolaridad y trastornos por consumo de alcohol y drogas.
Cerca de 151 millones de personas, asienta la OMS, padecen de depresión; 26 millones de esquizofrenia y 125 millones de trastornos relacionados con alcohol y drogas en todo el mundo. Unos 40 millones más padecen epilepsia y 24 millones alzheimer y otros tipos de demencias. Uno de los datos más alarmantes es que alrededor de 844 mil personas mueren por suicidio cada año.
En nuestro país, la Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿Hacia dónde encaminar la atención?, precisa que uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años de edad ha padecido en algún momento un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco recibe o recibió tratamiento. El tiempo que esperan para recibir atención en alguna institución médica va de cuatro a 20 años, detalla el documento del Sector Salud. A su vez, el Informe sobre los sistemas de salud mental en América Latina expone que en México los recursos humanos enfocados a la atención de la salud mental son insuficientes; en su mayoría, se concentraron en hospitales siquiátricos.
Evalinda Barrón, siquiatra sicogeriatra, explica a EL UNIVERSAL las causas del surgimiento de trastornos mentales. “Hay muchos factores que intervienen, uno es el genético, es decir, la predisposición que tenemos por parte de los familiares, así como factores sociales como la escuela o la violencia que vive el país”.
Dos de los mayores problemas que enfrenta una persona con una enfermedad mental son la ignorancia y los prejuicios, explica Barrón: “Puedo presentar síntomas de una enfermedad, como mucha hambre y sed, ya sé que es diabetes y voy a hacerme una prueba de glucosa. Pero si estoy triste, con ganas de llorar, sin ganas de hacer lo que me gustaba, en vez de ir a atenderme, voy a hacer todo lo que pueda, echándole ganas, saliendo y hablando con todos o incluso aplicando prácticas como una limpia, todo antes de ir con un siquiatra”.
Solo el hecho de pensar que se tiene una enfermedad mental impide buscar ayuda apropiada; el individuo se avergüenza por reconocerlo e informarlo porque muchas veces no comprende lo que le sucede. Hoy debemos entender que el cerebro también se enferma, como el corazón o los pulmones, detalla Barrón. Otro problema que suelen enfrentar las personas que fueron discriminadas es el abandono del tratamiento —el promedio es de 25%—, lo que por lo general se debe a la estigmatización y la presión social. Para superarlo, los médicos realizan cursos psicoeducativos para que los pacientes comprendan mejor su padecimiento.
En México se experimenta una transición epidemiológica “polarizada”, cuyos rasgos más notorios son la disminución de enfermedades infectocontagiosas y el aumento de padecimientos crónicos-degenerativos, incluidos los trastornos mentales, sostiene el Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México, del Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental (IESM) y la OMS.
Mariana Castilla, maestra en Derechos Humanos y Democracia, quien trabajó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que las personas con discapacidad sicosocial siguen siendo discriminadas en ámbitos como el político, económico, laboral, social y familiar. “Son discriminadas por la forma en la que se abordan esas enfermedades y se decide excluirlas de la sociedad para ver si así mejoran y pueden reintegrarse”, indica.
Según su experiencia, para las personas sanas es difícil entender la dimensión de la ansiedad o de la depresión; “no saben entrar en ese mundo y entender que lo que parece irracional e ilógico para los enfermos es una realidad constante”.
Castilla atendió en la CNDH casos relacionados con la violación de derechos. Se encontraba con personas sin un discurso coherente, pero cuando se adentraba en sus circunstancias descubría que sus familiares los habían excluido, de que se añadía una situación de violencia como agravante del trastorno.
En otros casos, las personas buscaban empleo, aunque las empresas se los negaban al saber que habían sido diagnosticadas con algún trastorno mental. “¿Eso qué hace? Que sus condiciones de vida lleguen a una situación de pobreza, de calle o que deban depender económicamente de sus familias, de otras personas”, recalca.
El estudio Costo social de los trastornos mentales: incapacidad y días laborales perdidos, de los especialistas María del Carmen Lara Muñoz, María Elena Medina-Mora, Guilherme Borges y Joaquín Zambrano, reveló en 2007 que entre los mexicanos la depresión y la ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y más días de trabajo perdidos que varias enfermedades crónicas no siquiátricas, considerando la discapacidad como el deterioro en el funcionamiento que se espera de un individuo en el trabajo, su hogar, su vida social y sus relaciones cercanas.
Once años después, la doctora Lara Muñoz, del Departamento de Psiquiatría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sostiene que las conclusiones del estudio siguen siendo válidas, pues aunque en México no hay datos actualizados, “a nivel mundial se observa cómo los costos indirectos de los trastornos han aumentado, como la pérdida de ingreso por ausentismo y repercusión en la productividad por ‘presentismo’, es decir, que el trabajador acude a su puesto, pero no lo realiza adecuadamente”.
Explicó que desde los noventa los trastornos mentales se identificaron entre las principales causas de años vividos con discapacidad, que es uno de los indicadores de carga global de las enfermedades, además de los años de vida ajustada por discapacidad y de los perdidos por mortalidad prematura.
Costos globales
La OMS adelanta que ascenderán a más de 6 billones de dólares (bdd) los costos globales de los trastornos en 2030, que en 2010 sumaron 2.5 bdd.
No obstante, ya que existen tratamientos eficaces para la depresión y la ansiedad, si en el periodo 2016-2030 se invierten 147 mil millones de dólares (mdd) se podrían lograr 43 millones de años extra de vida saludable, que representan 310 mil mdd recuperados, junto a una ganancia en productividad de 230 mil mdd, si aumenta el tratamiento para la depresión.
Lara Muñoz concluye que “es evidente que la discriminación continúa siendo una de las mayores barreras para tener acceso al tratamiento. La depresión aún se ve como una debilidad y la ansiedad como un rasgo de la personalidad que podría ser ‘controlado’ por el individuo”.
Entre los jóvenes, una de las causas de muerte más frecuentes es el suicidio y un factor de riesgo es la depresión. Sin embargo, sigue sin ser atacada apropiadamente por dos razones: no se reconoce como enfermedad y hay resistencia a acudir al tratamiento con un especialista por temor al estigma, añade.
