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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México no aplica los protocolos con relación a delitos cometidos por menores y está dejando un mensaje de impunidad con respecto a los dos menores integrantes de la banda Los Diablitos, que presuntamente asaltaban en calles de la colonia Daniel Garza, en la delegación Miguel Hidalgo, así lo denunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.
“Aquí están mal aplicados los protocolos y la ley. La ley dice que ningún menor de 14 años puede ser imputable; o sea, ninguno puede ser presentado. Lo que no es correcto es el mensaje que se da, en términos de que se cometió una infracción, de que hay algo que se tiene que hacer y que esto no se está haciendo, con el pretexto de no aplicar bien la ley”, dijo la ombudsperson local.
Destacó que las autoridades están dejando un vacío para hacer justicia y no se están aplicando medidas para que los menores dejen de estar cometiendo delitos, permitiendo que adultos se aprovechen de esta situación.
“En algunos casos lo que se ve es que como en estos vacíos, no de ley, porque la ley ahí está, en el vacío de la aplicación de estos protocolos los adultos que están a cargo de los niños muchas veces se aprovechan”, precisó Ramírez Hernández.
La titular de Derechos Humanos local recordó que hay una normatividad dentro de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual se menciona qué se tiene que hacer con menores de 12 años que estén cometiendo faltas administrativas o de este tipo de delitos.
“En caso de niños menores de 12 años se debería establecer el trabajo con los papás, se debe ver y catalogar si los papás pueden ser los que están instigando y entonces sí aplica la autoridad para adultos, porque están siendo omisos y se puede aplicar negligencia en la crianza”, explicó.
Al concluir la presentación de la recomendación 10/2018, dijo que no se debe dejar como país ni como ciudad que los niños de 12 años estén llevando a cabo cosas fuera de la ley y que no pase nada.
“El mensaje es terrible, la ley contempla un protocolo, pero no se sigue, ese es el problema”, concluyó.
