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Javier Nava Soria, el presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quedó libre en España a consecuencia de una cadena de errores por parte de las autoridades de ambos países durante el proceso de extradición.
Mientras México insiste en que las autoridades españolas omitieron incluir un documento clave [llamado Nota Verbal], el Ministerio de Justicia español dijo ayer a EL UNIVERSAL que ese documento no se presentó porque no tenía validez jurídica.
Nava fue detenido en Barcelona el 19 de abril de 2017 por la policía española siguiendo una orden internacional de Interpol. México, a través de su embajada en Madrid, mandó la documentación extradicional requerida por el Tratado Bilateral.
El pasado 21 de septiembre, la Audiencia Nacional Española llegó a la conclusión de que no se cumplían los requisitos legales para entregar a Nava. El argumento principal era que entre los documentos presentados faltaba un relato de los hechos que delimitase qué delitos presuntamente había cometido el contable, quien se sospecha que blanqueó dinero obtenido ilícitamente por el ex gobernador Duarte.
Se abrió entonces un plazo para que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un recurso.
Un portavoz de la embajada de México en Madrid relató que la PGR revisó entonces la documentación que había llegado a los juzgados españoles y descubrió que había desaparecido un documento diplomático [la Nota Verbal] que México entregó al Ministerio de Exteriores español, y en el que sí se señalaban los delitos presuntamente cometidos por Nava.
El Ministerio de Exteriores entregó luego ese documento al Ministerio de Justicia español, pero ellos no lo hicieron llegar a los jueces de la Audiencia Nacional.
Al serle notificada por la PGR la existencia de esa Nota Verbal, los jueces se la reclamaron al Ministerio de Justicia.
Aun así, el pasado 18 de enero volvieron a fallar en contra de los intereses mexicanos, negando laextradición de Nava y exigiendo a la Procuraduría que iniciara de nuevo todo el proceso, que puede retrasarse varios meses.
Intercambio de culpas. El pasado 25 de enero, la PGR emitió un comunicado en el que culpaba al Ministerio de Justicia español por no entregar toda la documentación a los jueces de la Audiencia. Insistió en que la extradición se denegó por un “error de forma no atribuible al gobierno de México”, y que hubo una “omisión del Ministerio de Justicia del Reino de España que no remitió toda la documentación extradicional por un error involuntario”.
Tras una investigación interna, el Ministerio español negó esa versión: “La Nota Verbal no se extravió en ningún momento. La citada nota es el canal de comunicación diplomático mediante el cual se vehicula la documentación extradicional, pero no forma parte de dicha documentación conforme a las exigencias de los tratados internacionales. Es por ello que el Ministerio de Justicia recibió la citada nota pero no la remitió a la Audiencia Nacional, porque no es un documento esencial para el procedimiento, y porque la única información válida es la que se contenga en la documentación extradicional.
Los propios jueces, en el auto que rechaza el recurso de la PGR, admitieron tener en su poder esta vez la Nota Verbal, y aun así ordenaron denegar la entrega.
Fuentes jurídicas reprochan a México que, pese a que les fueron comunicados en varias ocasiones los fallos, nunca los rectificaron. La Audiencia autorizó que se vuelva a comenzar el proceso de extradición [un hecho poco corriente] porque los problemas fueron de forma y no de fondo, pero el proceso puede alargarse hasta finales de año.
