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Uno de los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el Estado de México llegó a ser utilizado como narcotiendita, por lo que dicho organismo presentó una denuncia ante la ahora desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes federales informaron que el inmueble, ubicado en Poniente 18, número 303, colonia La Perla, de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, fue invadido por personas dedicadas al narcomenudeo.
EL UNIVERSAL dio a conocer en abril pasado que, de acuerdo con el Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, dicho inmueble fue adquirido por la Corte en 1990 y en el año 2016 fue invadido, por lo que el lugar forma parte de los edificios que generaron pérdidas económicas para el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Según el documento, el Consejo de la Judicatura Federal, entonces encabezado por Luis María Aguilar Morales, solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que iniciara las acciones legales correspondientes.
Durante la sesión ordinaria del Pleno del CJF del 1 de junio de 2016, los entonces integrantes de la Comisión de Administración, Manuel Ernesto Saloma Vera, Felipe Borrego Estrada y J. Guadalupe Tafoya Hernández avisaron al resto de los consejeros.
En la sesión informaron que el 10 de mayo de ese año la Dirección General de Asuntos Jurídicos presentó una denuncia ante la ahora desaparecida Procuraduría General de la República, ya que se presumía que los ocupantes irregulares se dedicaban al narcomenudeo, sin que hasta ese momento se tuviera noticia de los resultados de la investigación de la PGR.
Actualmente, el Consejo cuenta con 660 inmuebles, de los cuales 52% corresponde al Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces.
En su revisión, la Secretaría de Administración del CJF detectó supuestas irregularidades en la administración de los inmuebles del PJF, los cuales, afirmó, provocaron un daño patrimonial por 426.7 millones de pesos. El Consejo renta cinco edificios para órganos jurisdiccionales y archivo transferido de la Suprema Corte; estos inmuebles no están en uso, lo que genera pagos por 11.8 millones de pesos anuales; además, fueron destinados 48.9 millones de pesos para hacer adecuaciones en ellos, de los cuales ya han sido pagados 14.3 millones de pesos.
Otro de esos inmuebles “problema” está ubicado en Chetumal, Quintana Roo; por éste, el CJF paga una renta mensual de 85 mil pesos y se le han realizado adecuaciones por 3.8 millones de pesos.
Sin embargo, este lugar no puede ser utilizado todavía, pues la Dirección General de Protección Civil considera que se puede poner en riesgo a los trabajadores, ya que a un lado del lugar fue construida una gasolinera.
A causa de esto, el CJF tramitó un amparo con el objetivo de revocar el permiso de uso de suelo con el que se autorizó la construcción de la gasolinera.
El amparo fue admitido por el juez Sexto de Distrito de Quintana Roo, quien concedió la suspensión definitiva para que la licencia que permite el funcionamiento de la gasolinera deje de tener efectos hasta que se resuelva el juicio planteado.
De acuerdo con los estrados judiciales, el juez programó para el dos de septiembre próximo la celebración de la audiencia constitucional, en la que deberá definir si concede o no el amparo.
No obstante, para que ello ocurra, el juzgador deberá tener todos los informes que ha requerido, entre los que se encuentra un dictamen pericial en materia de topografía, el cual aún no ha sido elaborado, por lo que se prevé que el amparo 360/2018 demore hasta un año más en ser resuelto.
