"El Mijis" tramita amparo por caso Ayotzinapa

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como “El Mijis”, afirmó que un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso para que la Procuraduría General de la República (PGR) continúe de forma “exhausta” con la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre pasado cumplió cuatro años, dando el trato de desaparición forzada.

Acompañado del abogado Carlos Sánchez Alvarado, el legislador del partido Morena acudió a las instalaciones de la PGR, en la avenida Insurgente 20, donde explicó que el objetivo del recurso jurídico es “obligar a las instituciones a esclarecer, sin duda alguna, ¿quiénes fueron los autores de los hechos? ¿cómo ocurrieron? ¿dónde están las víctimas o sus cuerpos?”.

Dijo que el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a más de 60 dependencias, entre ellas las procuradurías locales de los estados, a la PGR, a la Secretaría de Gobernación, a la Policía Municipal de Cocula y de Iguala, Guerrero, al Ejército y a la Marina, brindar toda la información respecto al paradero de los normalistas.

“Nos estamos sumando a la exigencia que hicieron los padres al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se les dé a conocer la verdad y lo que sucedió” el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Y añadió: “Nosotros nos estamos sumando a ese esfuerzo y también a la par, de nuestras propuestas que traemos desde la Comisión de Derechos Humanos, en la cual no queremos que estos no se vuelvan a repetir”.

Carrizales señaló que darán seguimiento a lo determinado por el juez, ya que no se conoce la “verdad” de los hechos.

“Queremos que la PGR nos dé a conocer la verdad y lo que pasó con los estudiantes”, enfatizó, dada la contradicción entre la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República y la postura de órganos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el abogado, Carlos Sánchez Alvarado, las autoridades requeridas tienen 15 días para responder a los requerimientos.