Piden organismos defensores de DH garantizar fondos, tras eliminación de fideicomisos

Luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados la eliminación de 109 fideicomisos, entre los que se encuentran los de apoyo a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organismos públicos de Derechos Humanos nacionales e internacionales llamaron al Poder Legislativo a garantizar fondos para continuar con la protección que brindaban estos recursos.

Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron su preocupación por la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar los fideicomisos.

“El actual fideicomiso, Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país. Sobre esta base, FMOPDH, CNDH y ONU-DH llaman a garantizar los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos hasta el máximo uso de recursos disponibles para que cualquier reforma a este marco legal garantice que se mantengan o se fortalezcan estas características”, señalaron.

Consideraron que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no aborda estos aspectos y elimina el fideicomiso sin proponer alternativas de garantía presupuestaria para la “rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos”.

Añadieron que en el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, previsto en la Ley General de Víctimas, cualquier modificación legal deberá realizarse con la participación de las víctimas evitando dejarlas desprotegidas.

“FMOPDH, CNDH y ONU-DH recuerdan que es obligación del Estado mexicano garantizar la atención a las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, así como la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos”, afirmaron.