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Un jueves de mayo, Sebastián jugaba a la oca con su familia. Cuando la abuela iba perdiendo y su madre le ayudaba a su hermana a cambiar el pañal de su sobrina, dos hombres irrumpieron en la casa y le dieron 24 balazos. A los 26 años se transformó en un número: uno de los 76 asesinados de San Miguel de Allende entre enero y noviembre de 2019, el triple que en 2018, cifra que no parece importarle al alcalde panista, Luis Alberto Villarreal, y es que Sebastián era adicto al cristal.
“No se ha procedido, ya que han sido ajustes de cuentas. La gran mayoría de los asesinados tenía antecedentes”, aseguró Villarreal en una radio local, tras la rápida respuesta al asesinato de dos policías en julio; fue cuestionado de por qué no se habían movilizado igual en el resto de las muertes. En otra entrevista, el alcalde habló de que los homicidios estaban relacionados con el narcomenudeo en la ciudad más turística del estado de Guanajuato. Sin embargo, Sebastián, según dijeron los policías que registraron su habitación, no tenía ningún indicio de que fuera traficante, sólo usuario.
Sebastián era bartender y cobraba por jugar al fútbol amateur. Su prima Mariana, con la que compartió más de media vida el hogar donde lo tirotearon, lo recuerda como un bebé gordito de ojos verdes al que cuidaba y con el que ahora sueña. De familia numerosa y clasemediera, era padre de una niña de ocho años. Mariana tardó meses en volver a entrar a la casa de sus abuelos.
En los últimos años no sólo han crecido los asesinatos en la pequeña ciudad de 170 mil habitantes, que es un sitio recurrente para casamientos y adonde se retiran miles de estadounidenses y canadienses. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, desde 2016, año en que la mayoría de la quincena de entrevistados marca como el momento en que la delincuencia comenzó a hacerse palpable, han crecido los allanamientos de morada, robo a casa, el narcomenudeo, los daños a la propiedad, el fraude, las lesiones dolosas, las amenazas. En 2019 fue la primera vez que se reportó un delito de extorsión; en este año y en 2018 se registraron, además, dos feminicidios.
La policía ministerial tardó un par de horas en llegar. Con permiso de Mariana, registraron la habitación de Sebastián: “Había restos de marihuana, tres bolsitas pequeñas de cocaína y una bolsa de joyería en la que había cristal puro. El agente dijo que éramos víctimas de las circunstancias y que, como no había armas ni más drogas ni indicios de tráfico, su trabajo terminaba ahí”.
Mariana y la hermana de Sebastián llenaron una cubeta con agua y jabón y limpiaron la sangre del piso de su hogar. Luego fueron a declarar al Ministerio Policial. La última vez que habló con la policía fue a finales de junio y no ha tenido noticias desde entonces. “Después de eso no volvimos a escuchar de la policía ministerial. No hubo más esfuerzos; no interrogaron a ningún testigo; no hay nadie vinculado a proceso”, lamenta.
Jaguar, pandillero de una colonia popular de San Miguel de Allende, Guanajuato, dice que las armas de fuego son cada vez más comunes en los barrios.
Daños colaterales
De acuerdo con un documento presentado en el Congreso de Guanajuato, en San Miguel de Allende hay entre 12 mil y 16 mil extranjeros residentes, 70% de ellos proviene de Estados Unidos y 20%, de Canadá. El Observatorio Turístico del estado de Guanajuato cifra que durante 2018 llegaron 2 millones de turistas, quienes dejaron una derrama económica de más de 7 mil millones de pesos.
Entre esos miles de foráneos está Matthias Heyer, un mecánico alemán de 49 años que tiene metro noventa de estatura. Su negocio es un taller en la salida de la ciudad, en el que arregla carros clásicos, guarda los vehículos de otros extranjeros, prepara autos para correr la Carrera Panamericana y da trabajo a una decena de san miguelenses.
“Desde enero tenemos vigilancia con pistola 24 horas. La situación cada vez es más y más brutal. El inicio fue hace un par de años. Mi hermana, que llevaba en San Miguel nueve meses, fue asaltada a la salida de una cantina y la golpearon. Ella [regresó] a Alemania. Después empezaron a asaltar a conocidos, se escuchaban balaceras”, explica desde su experiencia, ya que lleva 10 años viviendo en la ciudad. Heyer creía que bajaría la violencia, “pero sólo parece subir”.
Sus amigos mexicanos y sus empleados, que viven en las afueras, le comentan que tienen miedo de los asaltos. Tres o cuatro clientes extranjeros han abandonado la ciudad por la violencia. Él mismo ha cambiado de rutinas y se tensiona cuando camina por San Miguel. “Cuando alguien muere, aquí no pasa nada. Incluso si son por cosas de drogas, por cada uno que muere entran tres nuevos. Es como una hidra y no siento que las autoridades estén haciendo nada”.
Menos preocupados están Bob Stone y Betsy Bowman, un matrimonio neoyorquino de profesores jubilados. “Sabemos que ahora hay más delincuencia en San Miguel de Allende, pero nosotros vivimos en el centro y nos vamos a la cama pronto. Quien esté ejerciendo la violencia parece que hace un esfuerzo por evitar a los extranjeros, porque sería malo para el turismo. Tenemos miedo por los mexicanos; ellos están siendo los daños colaterales”, reflexionan.
Un recorrido por los medios locales que han llevado un recuento de los asesinatos en San Miguel de Allende revela que la inmensa mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 13 y 28 años, concentrados en sectores populares de la ciudad. Un informe de la Fiscalía General de la República publicado en julio por EL UNIVERSAL señala una guerra por la plaza entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, de El Marro, como la principal generadora de violencia en la ciudad, y responsabiliza al Jalisco Nueva Generación por el cobro de derecho de piso a los comerciantes.
Mujer asesinada al mediodía el 4 de diciembre frente una primaria.
Pese a este informe, varios reportes en prensa relativos a cobro de piso en los tianguis y el cierre de varias cantinas y bares en agosto, desde la alcaldía han lanzado varios comunicados negándolo. El último fue la semana pasada, en el que aseguraban que “la ciudad no se encuentra en medio de ninguna disputa entre criminales” ni “hay cobro de derecho de piso”. Se solicitó una entrevista con el alcalde Villarreal o con su secretario de Seguridad, pero no fueron concedidas.
Jorge (cuyo nombre se cambió para protegerlo), un vendedor local del centro de San Miguel, tiene miedo: “Este año esto está completamente descompuesto; está siendo demasiado violento y todo se relaciona con el narcotráfico y los cárteles”.
Asegura que él y gran parte de sus vecinos han cambiado sus rutinas: ya no llevan joyas y evitan ciertas áreas por la noche, pues sienten intranquilidad. Dicen que las fronteras invisibles que te hacen dar la vuelta al llegar a ciertas zonas, ésas que antes en San Miguel estaban diluidas, se marcan año a año.
“A mí me han contado historias de extorsión. Hay vecinos que se acercan a pedir consejo. Gente que siempre ha trabajado bien ahora se encuentran con que de repente llega alguien a su establecimiento y quiere algo de lo que ellos tienen. La autoridad lo niega, diciendo que nadie se ha acercado con ellos para denunciar, ¿pero qué pasa cuando denuncias? Te matan”, cuenta Jorge.
“Sólo importan los güeros”
Jaguar sale de su casa, una vivienda de una sola planta decorada con grafitis que está en una zona sin pavimentar de una colonia popular. Su cabeza afeitada permite ver las cicatrices de peleas que tiene en la nuca. Sus ojos son profundos y una perilla de mosca decora su barbilla. Viste con ropa holgada, tipo cholo, “aunque ya menos”. A sus casi 30 años y con dos hijos, evita que la policía lo detenga: “Nos llevan al bote y nos dan putizas chidas, nomás por sus huevos.
“Simón. Ahora San Miguel y el barrio están más rudos, más peligrosos. Casi cualquiera usa arma de fuego. Antes era a tiro limpio. Golpes, patadas, churros con salsa. Pero se fue incrementando. Hebilla, bóxer, machete, y ahora el arma de fuego”, explica.
Su colonia tiene fama de conflictiva, aunque la ola de homicidios se concentra en otra parte de la ciudad.
Metido en pandillas desde los 13 años, cuando dejó la escuela por peleonero, ahora él es uno de los líderes de la suya. Marca un punto de inflexión en la violencia hace tres años. Fue entonces cuando su hermano, el Jaguar mayor, murió en una batalla campal: “Eran 40 contra nosotros, que somos 20. Al último éramos nada más él y yo en la guerra. Y me lo tumbaron. Es un caído”.
Jaguar le echa de menos: “Te queda la sensación de que te falta algo toda la vida. Me acuerdo de él todos los días. Todo sale. Gacho. Bien cabizbajo”. Su otro hermano, el Jaguar pequeño, está dentro de su “cantón”, recuperándose de dos disparos que le dieron a finales de noviembre. “Esos batos fueron cobardes y sacaron arma de fuego”.
Ahora, tras trabajar como elemento de seguridad en una tienda, pinta casas con su familia. Quiere dejar la vida de pandillero, retirarse. No le gustaría que sus hijos fueran como él. “No merece la pena. La vida loca es mucha bajeza. Quiero que estudien.
“Sí noto que la cosa está más ruda por cuestión de droga. Hay mucha muerte y mucha balacera, simón. Por el negocio. Eso es un punto aparte... Yo no me meto en ese jale”, finaliza. Jaguar es adicto al cristal, pero trata de desengancharse.
Él es uno de los jóvenes con los que trabaja el programa Ranchero Pandillero, realizado desde la asociación Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende. En él tratan de incidir en las colonias conflictivas de San Miguel a través de la cultura hip-hop.
“Hay muertos cada semana por el mercado de cristal. Son jóvenes de colonias marginadas de entre 13 y 28 años”, explica Isael González, director del proyecto. “Al gobierno y al presidente Villarreal no les importa que se mueran estos jóvenes, sólo les interesa proteger a los ricos y al turismo”.
La mayor operación policial del año en San Miguel de Allende fue el pasado 24 de octubre, cuando detuvieron a 10 personas a las que vincularon con varios de los crímenes cometidos en la ciudad a lo largo de 2019. “Era un grupo de personas dedicado a realizar actos de violencia en la ciudad [homicidios dolosos y ejecuciones]. Después de su detención no se han detectado otros de esta misma naturaleza (…) A un grupo de sicarios se le aseguró inmuebles, droga, armamento”, dijo entonces, optimista, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.
Desde esa fecha, de acuerdo con un recuento hemerográfico, ha habido al menos otros 10 muertos en San Miguel Allende, la mayoría abatidos a balazos. El último homicidio fue el miércoles 4 de diciembre: una mujer fue ejecutada a mediodía, delante de la primaria de sus hijos. A su marido lo habían asesinado en mayo.
