Más Información
Sólo 392 de 26 mil 700 policías municipales, estatales y federales que no acreditaron los exámenes de control y confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado fueron dados de baja de la corporación; es decir, 1.4%, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que el policía que no acredite los exámenes tiene que ser separado de su cargo. Así, las autoridades de los tres niveles de gobierno indemnizaron apenas a uno de cada 100 uniformados en 2019.
A nivel nacional 392 agentes fueron dados de baja por no pasar las pruebas de control y confianza, el año pasado; 224, por abandono de empleo; 37, por abandono del servicio; 26, por faltar en más de tres ocasiones en un mes, según el documento del SESNSP.
La información señala que Jalisco (2.7%), Tlaxcala (13.2%), Baja California Sur (13.9%) y Ciudad de México (14.3%) encabezan la lista con el menor porcentaje de personal de seguridad pública con Certificado Único Policial, que incluye la evaluación de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial.
En contraste, Querétaro (96.4%), Colima (86.9%), Guanajuato (81.7%), Baja California (81.2%) y Durango (76.5%), ocupan los primeros lugares.
El extitular de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló que los exámenes de control y confianza se concentran en el polígrafo, lo que consideró como un “mecanismo subjetivo e inquisitorial”.
Además, reiteró que es necesaria una reforma al artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política, el cual, a su parecer, discrimina a los operadores del sistema de justicia penal, es decir a policías, ministerios públicos y a peritos, que no pueden ser reinstalados en su puesto, aún cuando hubieran demostrado su inocencia en un proceso penal.
“El título quinto deriva del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución que contraviene el primero del mismo texto, pues es discriminatorio y profundamente injusto”, sostuvo en entrevista.
Consideró que parte de los problemas de seguridad del país “derivan de ese desprecio por los operadores. Desprecio que no se quiere reconocer y menos, modificar”.
Actualmente, existen 40 Centros de Evaluación y Control de Confianza en el país, de los cuales 36 se encuentran en diversas entidades y cuatro en dependencias federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante una reunión con autoridades estatales y alcaldes, en enero pasado, el titular del SESNSP, Leonel Cota Montaño, llamó a consolidar los exámenes de control y confianza ya que hay estados y municipios que sólo tienen 20% de certificación en sus policías.
“No es posible que haya municipios y estados que tengan 20% de certificación, otros 60%, 80%, algunos 90% y más, pero el promedio del país es de solamente 43%”, lamentó.
Cota Montaño afirmó que durante este año se deben dar avances importantes en la aplicación de las evaluaciones, con los recursos que se entregarán de los tres principales fondos de seguridad pública: de Aportaciones para la Seguridad Pública, para el Fortalecimiento de la Seguridad y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
“Este año tenemos que dar avances importantes en los exámenes de control y confianza, y los recursos que entreguemos a los municipios, son para este propósito. De la misma manera consolidar el Informe Policial Homologado Móvil; la mejor operación del 911; el Registro Nacional de Detenidos y el nuevo registro de números de extorsión”, indicó.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las corporaciones policiales mejor pagadas son la de San Luis Potosí, con 21 mil 90 pesos mensuales; Sonora, 19 mil 687; Baja California, 18 mil pesos; Jalisco, 17 mil 650; Chihuahua, 17 mil 590; Nuevo León, 17 mil 178.
Con los exámenes de control y confianza, las autoridades buscan reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos de los policías para desempeñar sus funciones; identificar los factores de riesgo que interfieran en su trabajo y que el elemento cumpla con la edad.
Además, establecer un perfil físico, médico y de personalidad que les permita laborar; que sus percepciones económicas correspondan a la calidad de vida que llevan; que no consuman drogas y no tengan vínculos con el crimen organizado, y también no haber sido condenados por delitos dolosos o estar bajo proceso.
“Los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización”, de acuerdo con el Título Quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre el desarrollo policial.
