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Casi tres de cada cuatro mexicanos tienen poca o ninguna confianza en el Gobierno, sostiene un estudio publicado hoy en esta ciudad por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La proporción de ciudadanos que confían en el Gobierno alcanzó el 28 por ciento en 2016, lo que representa una disminución con respecto al 43 por ciento registrado en 2006. México se sitúa así por debajo por debajo de los promedios de América Latina, 29 por ciento y la OCDE 37 por ciento .
Para el director del Centro de Desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini, se trata de una evolución muy preocupante, porque refleja una frustración creciente de la sociedad frente a un sector público que se muestra incapaz de responder a sus necesidades, como mejores servicios, educación y empleo.
Como consecuencia, hay un debilitamiento institucional, un proceso de abandono de los servicios públicos y una caída de la recaudación fiscal. Sólo el 36 por ciento de los mexicanos declara que la evasión fiscal nunca es justificable, muy por debajo de la media latinoamericana, 48 por ciento .
“Se está formando un círculo vicioso, una trampa, porque si la gente paga menos impuestos, y en lugar de recurrir a la administración pública se acerca a la iniciativa en busca de soluciones, hay menos recaudación, y por tanto, menor capacidad del Estado para cumplir con las demandas de los ciudadanos”, dice a EL UNIVERSAL Pezzini.
La caída de la confianza ha ido acompañada del aumento de la percepción de la corrupción. El 83 por ciento de los mexicanos cree que la corrupción está extendida en el país, ocho puntos porcentuales por encima respecto al año de referencia. Esto sitúa a México por encima del promedio latinoamericano (79 por ciento ) y del de la OCDE (65 por ciento ).
También la confianza en el sistema judicial y los tribunales se mantienen a la baja, 32 por ciento respecto a 35 por ciento en 2006.
Pezzini considera que para revertir la erosión de la confianza se requiere de una reforma regulatoria que incluya la simplificación administrativa, la creación de un presupuesto público basado en resultados específicos, la construcción de una burocracia basada en el mérito y la promoción de las nuevas tecnologías en el ejercicio del gobierno.
Los indicadores aparecen en un informe elaborado conjuntamente por la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea.
Titulado Perspectivas Económicas de América Latina 2018, proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región aumente entre 2 y 2.5 por ciento durante el año en curso.
En el caso particular de México, el documento anticipa un año complicado, debido a que “tendrá que luchar más en medio de la incertidumbre política de Estados Unidos”.
La inversión y el consumo, detalla el informe, se verán mayormente afectadas por la inflación creciente y al aumento de las tasas de interés.
