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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en la expansión de la actividad extractiva del carbón en varias zonas de Coahuila, las cuales afectan a la población, por lo que emitió una recomendación dirigida a ocho dependencias y autoridades.
Indicó que la actividad extractiva del carbón se ha expandido en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas en la Región Carbonífera de ese estado, pero sin las concesiones que amparan esas actividades, sin las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos.
Representantes de una organización no gubernamental presentaron escrito de queja ante la CNDH, que durante su investigación observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que sobre Bienes Nacionales, además de las relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del ámbito general, del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, particularmente su Plan Director de Desarrollo Urbano.
El organismo observó que en los lugares donde se ubican las excavaciones no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.
Señaló que esas omisiones repercuten seriamente en los componentes ambientales, además de afectar la salud y las condiciones de vida de las personas que viven o transitan por los alrededores de obras mineras.
Para la CNDH, las irregularidades de las autoridades ante ese problema implican violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, medio ambiente, vivienda adecuada, salud, a la vida e integridad personal, propiedad, agua, saneamiento, circulación y residencia.
Por este caso emitió la recomendación 62/2018, dirigida a las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), al gobernador de Coahuila, al fiscal General de la entidad y al presidente municipal de Sabinas.
En general, recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería, además de colaborar con la CNDH en los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.
