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El Senado avaló en lo general con 82 votos a favor, 34 en contra, tipificar la defraudación fiscal, facturación falsa y los negocios fantasmas como delincuencia organizada.
El dictamen que aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas), que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, recibió los votos en contra del PAN y PRI.
Las leyes que se modifican son: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales.
La senadora Claudia Ayala (PRI), dijo que no se puede equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos, con personas que dolosamente defraudan al fisco, porque si bien la reforma plantea la existencia de un monto, queda la duda de que si el monto es un agravante del delito y la medida cautelar solo requiere un nexo causal de una persona con un hecho ilícito.
“No les basta con acabar con los fondos de emprendurismo, no les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado, yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está “fuchi”, esta reforma está “guácala”. Empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, externó en tribuna.
