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En casas, bodegas, centrales de abasto, comercios, así como en las orillas de carreteras se vende huachicol, que se transporta en pipas o en contenedores que llevan en camionetas o camiones tras extraer el combustible ilegalmente, de acuerdo con especialistas y datos del gobierno federal.
Según las estimaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estaban desviando de Petróleos Mexicanos (Pemex) 10 millones de dólares diarios con las perforaciones clandestinas a las tuberías.
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy sobre su estrategia para evitar el robo de combustible.
Se quiere, dijo, “terminar con el huachicoleo por el daño que ha causado a la sociedad y a la nación. No hay que dejar de tener en cuenta que se robaron el año pasado más de 60 mil millones de pesos, que crearon a través de los años, por la impunidad, un sistema de distribución de gasolina, de diesel paralelo al sistema de distribución de Pemex.
“Crearon como otra empresa, una economía informal manejada cuando menos con la complacencia, tolerancia de las autoridades. Y esto se está combatiendo porque no se puede permitir la corrupción, se acabó la corrupción e impunidad. Se están utilizando elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y Policía Naval para resguardar los ductos”, subrayó.
Foto: Berenice Fregoso
De acuerdo con el gobierno federal, el modelo de operación del robo de hidrocarburos “era un asunto que se manejaba desde adentro y afuera”, puesto que “tenía que haber una complicidad en el interior que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar”.
EL UNIVERSAL ha publicado respecto a la comercialización ilegal, que en Puebla, en un recorrido que se hizo en julio de 2017, se observó bajo el puente sobre la carretera 150 que va de la capital de ese estado a Tehuacán, la ley es la del huachicolero, puesto que el negocio de la venta de combustible, sustraído de las tomas clandestinas en el llamado Triángulo Rojo, se ha dado al interior de la Central de Abasto y en sus inmediaciones.
Camionetas de reciente modelo con su cajuela abierta, pick up y hasta un camión de carga se encuentran ahí a la espera de compradores del producto ilícito, ese por el que ya se pelean organizaciones criminales.
Entre los olores de las frutas y verduras intentaban esconder el de la gasolina que traían en sus bidones.
Ese punto fue señalado por autoridades locales como uno de los principales centros de venta clandestina. Ahí pasan los que llevan mercancía para Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas.
En tanto, los llamados chupaductos han mejorado su actividad ilegal, puesto que antes tardaban horas para colocar la toma en un tubo, ahora en menos de 40 minutos lo hacen. Más aún, en siete minutos tienen cargada una pipa, por eso durante los operativos deben actuar a la brevedad.
Los huachicoleros taladran el ducto, despacio, para no provocar un incendio, que ya han sucedido.
Por eso llevan agua para que no se caliente y explote el tubo al momento de perforarlo. Luego lo sellan y colocan la válvula y tienen hidrocarburo a presión.
En junio de 2017, la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por medio de la dirección de química y toxicología forense de la División Científica de la Policía Federal, realizar en análisis con equipo de tecnología de punta de muestras de huachicol obtenidas por EL UNIVERSAL, de lo que se concluyó que ninguna cumplió con los estándares de una gasolina Magna o Premium.
Se comprobó que para obtener mayores ganancias las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos rebajan la gasolina con diesel, grasas u otro tipo de aceites, lo que causa severas afectaciones de los motores de los vehículos.
Desde obstrucción en el sistema de bombeo de gasolina, fallas en el sistema de encendido de motor, en el sistema de inyección, en válvulas, formación de depósitos en las cámaras de combustión y de aceite, así como daños en anillos y pistones, son algunos daños que causa el uso del huachicol.
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Rodrigo Soto, especialista en seguridad y académico de la Universidad Panamericana, señaló que el aumento exponencial de "incidentes" tanto dentro de la paraestatal como en los ductos se remonta a más de una década.
“Es el típico fenómeno de bola de nieve que se volvió imparable y de dimensión macro. Ahora estamos en esa situación que dice el dicho: "ahogado el niño, tapado el pozo". Se tenía que pagar un precio tarde o temprano, y hemos empezado ya a pagarlo todos”.
Señaló que al entrecruzarse el crimen organizado con la generación de fugas, distribución y venta ilegales, se empezó a dar la toma de plazas y se volvió imposible perseguir a cada uno a uno a los autores.
“La red se extendió, se hizo compleja al crearse una cadena de suministro paralela, y los empresarios y dueños de estaciones de combustible para poder crecer económicamente, terminaron acudiendo a ella. Los hilos están tan enredados que se comprende que se haya optado por una estrategia sistémica, en lugar de una "cacería de ratones”.
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Social de la UNAM, y especialista en temas de seguridad nacional, consideró que hay una clara evidencia de las organizaciones de robo de combustible con personal de Pemex, puesto que “para que los criminales sepan cuando va a bajar la presión de los ductos se necesita información interna,
además, de cierto grado de tecnología, aunque sea rudimentario. Es algo muy evidente esta complicidad.
“Pero también este problema tiene que ver con el abastecimiento de combustible que se le da a las bandas de delincuentes, porque ni modo que éstos lleguen a una gasolinera y digan: “Despáchenme 500 pesos de gasolina con sus armas y pertrechos militares".
Ante la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustible que ha ocasionado la escasez del combustible en varias partes del país, Rodrigo Soto apuntó que los resultados de esta medida dependerá de "terminar bien" o "acabar bien las cosas", es decir, “no sólo hay que evitar el ilícito, sino también detener y vincular a proceso a las cabezas de alto nivel y a los mandos intermedios; irrumpir en su flujo financiero y romper toda la cadena de suministro ilegal en su origen, en sus procesos y en el expendio final. Dada la magnitud del problema, eso llevará mucho tiempo, y dice bien el Presidente: "Es una carrera de fondo, no de velocidad".
Javier Oliva reconoció que la decisión del gobierno federal de terminar con este delito, aunque reclamó que era una situación que pudo haberse combatido desde hace tiempo, “usando drones, cámaras de video vigilancia, pero fue hasta ahora que el presidente López Obrador decidió llevar a la práctica acabar con este delito”.
