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Hace una semana, el policía federal Miguel comió acompañado de su familia y vecinos. Con arroz y pollo en guajillo celebraron su libertad tras dos años y medio en prisión, acusado del delito de evasión de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se fugó del penal de El Altiplano, el 11 de julio de 2015.
Miguel estaba adscrito a la División de Inteligencia de la Policía Federal, igual que los otros 10 elementos que siguen recluidos en el Cefereso número 4 en Nayarit. Arturo es el policía número 12 que salió libre hace siete meses, luego de que el magistrado del Quinto Tribunal Unitario determinara que no había elementos para mantenerle en prisión. “La liberación de Miguel demuestra que no estamos equivocados sobre la inocencia de nuestros compañeros”, afirma en entrevista el comisionado de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla Craviotto.
“Llamaría respetuosamente al Poder Judicial, a la Corte y a los jueces que sean sensibles y analicen este hecho. Creo que para la Procuraduría General de la República (PGR) sería un gran precedente desistir de estas acusaciones. Para los jueces también marcaría un hito en la aplicación de justicia porque como abogado penalista, no sólo como jefe de la policía, me parece que los elementos están ahí para poder deslindar y que nuestros compañeros recuperen su libertad”, indicó. Miguel no desea hablar con la prensa; sólo quiere permanecer con su familia mientras asimila todo.
“No esperábamos esto ni él tampoco, él no esperaba esta noticia”, cuenta a EL UNIVERSAL su esposa Gabriela. “El sábado, cuando me llamó desde el penal en Tepic, dijo que estaba libre y que iba para la casa, pero llegó hasta el domingo”. Su camino duró 10 horas: siete del autobús que abordó desde Tepic a la Ciudad de México y tres más desde la capital a su domicilio en un municipio del Estado de México.
“Fue un reencuentro muy emotivo por mis hijos. Los vecinos le dieron la bienvenida y le hicieron una comida porque es una gran persona. Comimos desde la mañana hasta la tarde ahí en la calle”. Si él está libre, destaca ella, fue gracias a su defensa de oficio, quien aportó pruebas para lograr la liberación. “Mi esposo apenas está viendo lo de su reinstalación, todavía no tiene fecha hasta que no termine de arreglar sus documentos”.
Castilla Craviotto no ha hablado con él, por ahora sólo ha recibido la información reportada por mandos medios. “Ninguno de los 12 policías ha sido cesado de la institución”, dice, “y me comprometo a mantener su derecho vigente. Para Miguel la puerta está abierta, pero debe acreditar evaluaciones y exámenes de control y confianza”. El comisionado explica que Arturo no fue asignado a trabajos de inteligencia dentro de una prisión. “Sólo le puedo decir que se encuentra trabajando en un área muy importante para la PF”. Antes de abandonar el penal, Miguel se despidió de sus compañeros. “Le dijeron que le echara muchas ganas ya estando afuera y que le deseaban los mejor”, narra Gabriela. “Pero le vamos a ser muy honestos: estamos contentos y felices de que mi esposo esté aquí. Pero también muy tristes porque los demás policías no han salido. Ojalá hubiéramos compartido esa felicidad todos porque son inocentes y hablo por todos.
“No nos vamos a deslindar, vamos a seguir apoyándolos mientras ellos nos lo permitan”. Mientras eso ocurre, Gabriela escribe en su muro de Facebook: “Gracias señor por este regalo maravilloso, es lo que tanto añoramos, ahora a comenzar de nuevo”.
“No vemos claro”
Margarita “no ve claro” el estatus del caso de Agustín, su esposo. “A pesar de la carta que entregó la Policía Federal, en la que afirma que ellos no eran responsables de activar el Código Rojo, todo sigue igual”, lamenta. “En diciembre hablé con el secretario particular del magistrado y dijo que la resolución va tardar porque lleva tiempo investigar. Los tienen en el penal así, sin pruebas ni nada. Según iban a resolver el caso antes de diciembre; sin embargo, nuestra espera es larga y desesperada”.
Castilla Craviotto coincide con ella. “Estamos dispuestos a ampliar lo que en ese escrito hicimos saber a la procuraduría: que estos elementos no están facultados ni obligados a activar el Código Rojo, sus tareas eran de análisis. Ellos no toman decisiones operativas sobre el funcionamiento de la prisión, no pueden abrir o cerrar puertas, son analistas, gente que estudia el fenómeno del comportamiento de la inteligencia. Por el contrario, algunos fueron mucho más allá de su deber tratando de resolver la situación, llegando incluso a la celda y hasta el túnel. Y a los policías que van más allá del deber, se les debiera premiar y reconocer, antes que procesarlos y truncar sus carreras”, dijo Castilla Craviotto.
Margarita es hoy el único sostén de sus dos hijos. Tras el encarcelamiento de su esposo, trabajó como cajera en una tienda de conveniencia. Para ganar un mejor sueldo y algunas prestaciones, ahora labora en una tienda departamental. “Cuando Arturo salió, mi esposo tenía la esperanza de que su proceso terminara más rápido. En aquellas fechas mandó a mis hijos unos dibujos muy bonitos, pero ahora ya decayó. Y desde enero empezó a decir que va a hacerse a la idea de que no va a salir”.
Cuando el capo más importante de México se fugó, relata ella, su esposo estaba cenando. Dice que por esa razón en el expediente del caso no hay un solo documento que asegure que él fue responsable de aquella fuga. “En la oficina del magistrado me dijeron que Arturo salió porque él nunca se movió de su asiento, pero no aplican la misma regla a mi esposo. El proceso sigue y en el Quinto Tribunal no resuelven nada, sólo nos tienen a la espera desde hace ocho meses. Para nosotros esto ha sido difícil; en diciembre mi niño se enfermó y no tenía dinero para su tratamiento. Le escribí al señor Manelich [Castilla Craviotto] para que nos ayudara, pero sólo dejó mi mensaje en visto”.
Margarita dejó de visitar a Agustín por una razón válida: “Me es muy difícil verlo por la cuestión anímica, todos estaban esperanzados en pasar la Navidad en casa; sin embargo, ahora están desesperados”. Es la petición que el abogado defensor hizo al magistrado del Quinto Tribunal que lleva el caso del policía Luis. Su hermana, Rosalía, precisa: “Pedimos un cambio de medida cautelar para que si el juez lo otorga, Luis Alberto pase a prisión en Chiapas donde vivimos y podemos visitarlo con más frecuencia. O bien que se le permita llevar su proceso en libertad”. Él tendrá una audiencia para desahogo de pruebas y Rosalía confía en que el juez cierre el proceso de instrucción, abra la etapa de conclusiones y dicte sentencia. “Quizás la PF falló en su momento porque no apoyó a nuestros familiares y eso llevó a que aún estén prisión. Pero tampoco ayudó que los abogados de oficio de la SEIDO nos dejaran para irse de vacaciones”, declaró.
El comisionado de la PF piensa de otra manera: “Las familias de los policías han confiado en la institución, desde un principio instalamos una mesa de trabajo con ellos, los apoyos han consistido básicamente en buscar alternativas, reunirnos y mantener un diálogo permanente. Entendemos su molestia y desesperación. El tema del apoyo económico nos lo vamos a reservar; ha habido algún otro tipo de apoyos que ellos saben y que por el pacto de confianza que tenemos, no voy a revelar”. Pese a la angustia, Rosalía conserva su optimismo. “Estoy segura que la libertad de Miguel y de Arturo dará pauta para tener pronto, más resoluciones con fallo favorable. Estoy positiva en que mi hermano saldrá, porque la defensa tiene experiencia”.
Un magistrado que va y viene
Elizabeth, familiar del policía Jaime, habla de un detalle poco conocido. Después de la liberación de Arturo, el magistrado a cargo del caso se ausentó por algunos meses. Quien lo sustituyó ordenó de nueva cuenta auto de formal prisión por omisión al Código Rojo contra los policías en prisión. Pero ahora, inexplicablemente, el magistrado ausente regresó en enero pasado y retomó el caso.
Foto: Familiares de los agentes arrestados por fuga de El Chapo dicen: “En el Quinto Tribunal no resuelven nada, sólo nos tienen a la espera desde hace ocho meses”.
“Siento que están haciendo mal su trabajo”, lamenta Elizabeth. “Hasta el ignorante más ignorante entiende cuando la PF dice que el Código Rojo no era responsabilidad de ellos, pero el juez no lo acepta”. Castilla Craviotto reitera su disposición a abundar sobre este tema. “Estamos dispuestos a hacer todo lo que nos sea requerido en defensa de nuestros compañeros, tengo la plena certeza de su inocencia. Por eso mi llamado al Poder Judicial es para que analice este caso, que puede sentar un precedente muy positivo. Y para darle confianza a una policía que hoy está catalogada como la mejor del país y que no queremos desalentar. Lo peor que puede suceder a un policía en cumplimiento del deber es que en ello vaya de por medio su libertad”. Tocó un punto relevante: generar conciencia con directores de los penales sobre los límites en la función de un policía federal.
“Y también con nuestros elementos, que se apeguen 100% a su deber y dejen que la institución penitenciaria realice su trabajo. Un policía siempre quiere hacer más y en este caso, esa acción derivó en interpretaciones que hoy sabemos eran erróneas”, concluyó.
