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En tiempos de austeridad republicana, la Fiscalía General de la República (FGR) gastará, en los próximos cuatro años , mil 390 millones 175 mil 712 pesos por la renta y mantenimiento de dos edificios, el de su sede central, en avenida Insurgentes número 20, y el de la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La cifra equivale a más de la mitad del monto asignado para este año al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que asciende a mil 913 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
La administración federal anterior, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), heredó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dos contratos de arrendamiento: el PGR/CN/ARBI/002/2018, así como el PGR/CN/ARBI/13/2018, ambos celebrados el año anterior sólo para el uso de los inmuebles señalados, cuyas vigencias son de cinco años “forzosos”, es decir, hasta 2022.
De acuerdo con el contrato PGR/CN/ARBI/002/2018, el exoficial mayor de la PGR, Pedro Navarro Laflin, acordó en enero de 2018 con la empresa Corporativo Redondel, S.A. de C.V. la renta del edificio de la avenida Insurgentes número 20, por un monto de 16 millones 467 mil 128 pesos mensuales, más un millón 646 mil 712 pesos por concepto de mantenimiento y conservación del inmueble, el cual cuenta con 30 pisos y 920 cajones de estacionamiento.
Tan sólo el año pasado, la institución erogó 217 millones 366 mil 80 pesos por la renta del edifico de la glorieta de Insurgentes y otros 130 millones 177 mil 848 pesos por el ubicado en Río Pilcomayo, colonia Argentina, en Miguel Hidalgo.
Desde mediados de 2018, el inmueble de Insurgentes es la sede de la FGR, luego de que el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó inservible el edificio central, ubicado en Paseo de la Reforma 211-213, donde despachaba el procurador y que la dependencia compró al banco Santander.
En el edificio de Insurgentes 20 se localiza la oficina del fiscal y las subprocuradurías Jurídica y de Asuntos Internacionales, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Especializada en Investigación de Delitos Federales, la de Derechos Humanos, así como la de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
También se encuentra la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, la Coordinación de Planeación y Administración, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.
En caso de terminación o rescisión del contrato, la Fiscalía General de la República “cubrirá únicamente el importe de la renta que corresponda hasta el día en que se verifique la des- ocupación [del inmueble]”.
Tres meses después, en abril de 2018, Navarro Laflin, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General, firmó otro contrato de arrendamiento, pero ahora con la empresa Rouz Bienes Raíces, S. A. de C.V., para el edificio de Río Pilcomayo número 169, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sede de la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera.
Lo anterior, por un monto mensual de 10 millones 848 mil 154 pesos, cantidad que incluye los conceptos de renta de oficinas, adecuaciones e instalaciones especiales, cableado, voz, datos, así como el mantenimiento de todas las instalaciones.
En su informe sobre los primeros 100 días de su gestión, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que se están concluyendo los contratos de arrendamiento de los inmuebles innecesarios, con el principal objetivo de optimizar al máximo todos los edificios que son propiedad de la institución.
“Incluyendo la recuperación de inmuebles que se otorgaron para venta a través del Indaabin [Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales], por estar supuestamente dañados en los sismos de septiembre de 2017 y que la institución pretendía concesionar comercialmente por 40 años, despojando así a la Fiscalía General de la República de su patrimonio”, indicó.
Sin precisar qué inmuebles, Gertz Manero reveló que detectaron seis que fueron otorgados para su venta oficial en el Indaabin y que se desviaron hacia intereses particulares, perjudicando “gravemente” el patrimonio de la FGR.
Para el fiscal General, en la pasada administración había una “injustificada” falta de control en la utilización de la infraestructura inmobiliaria, la cual se extendió hasta las delegaciones de la entonces PGR, donde, acusó, se encontraron gastos elevados e injustificados en diversos rubros, como rentas, vigilancia, limpieza, jardinería y servicios.
Gertz Manero mencionó que todas las acciones emprendidas durante los primeros 100 días de su gestión en la Fiscalía General no serán fructíferas, si no se modifican las estructuras básicas de la procuración de justicia, ya que, añadió, “en el mismo momento en que los corruptos y los enemigos de la democracia lo pueden realizar, le darán marcha atrás a todo lo que se haya logrado”.
