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Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que, para promover los intereses del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y sus cómplices se valieron de una amplia red de funcionarios corruptos.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), los funcionarios que recibieron sobornos del grupo criminal iban desde policías locales, guardias de prisiones, funcionarios estatales, miembros de alto rango de las fuerzas armadas, así como políticos.
“Estos funcionarios corruptos ayudaron a Guzmán Loera y su organización a cambio de millones de dólares en sobornos”, aseguró la dependencia.
Según los testimonios de varios testigos, en muchos casos, a Guzmán Loera y a sus colaboradores se les advirtió de operativos en curso, lo que permitió al capo sinaloense evitar su captura en múltiples ocasiones.
“En otros casos, Guzmán Loera, por medio de sus empleados, pago a funcionarios para que se hicieran de la vista gorda en relación a actividades de tráfico para facilitar el envío de drogas, armas y dinero en efectivo”, señaló la DEA.
La DEA asegura que Guzmán Loera generó miles de millones de dólares en ganancias ilícitas, las cuales lavó a través de varios métodos, incluido el contrabando de efectivo de Estados Unidos a México.
“Una de las incautaciones más grandes fue de 1.26 millones de dólares en compartimentos ocultos en un camión conducido por el hermano de Guzmán Loera en Douglas, Arizona, en 1989.
“Además del contrabando de efectivo, Guzmán Loera supervisó numerosas compañías fantasmas, entre ellas una empresa de jugos y otra de harina de pescado, para lavar las ganancias del Cártel”, indicó la DEA.
