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Elvira Martínez recuerda, de manera cronológica y precisa, el momento en el que su hija Tania llegó corriendo a la iglesia donde estaba para decirle que había ocurrido una explosión en la mina Pasta de Conchos y que había posibilidades de que su papá, Vladimir, estuviera dentro.
Las lágrimas, la tristeza y el enojo siguen en Elvira, quien a 13 años de la tragedia que la dejó sola con tres hijos exige justicia y que los “culpables de la explosión paguen”.
“Era domingo. Había salido desde temprano a una iglesia para apoyar un retiro de niños. [Entonces] llegó mi hija corriendo a decirme lo de la explosión, que su papá no llegaba y que al parecer [el accidente] había sido en la mina donde él trabajaba. Me [salí] de inmediato para saber si [había sido así].
“Ya había gente ahí y un cerco de soldados. Recuerdo que la empresa nos decía que el ventilador de dentro de la mina funcionaba, lo cual no era cierto”.
Afirma que ella, como decenas de familias, tenían la esperanza de rescatar todavía con vida a los mineros atrapados, “y por eso no nos movíamos de ahí. [Pensábamos que] que en cualquier momento los podrían sacar, pero el viernes en la tarde, cinco días después de la explosión, salió la empresa a decirnos que estaban muertos y que ya no se podía hacer nada”.
Elvira señala que le costó un año resignarse a que su esposo estaba muerto, “porque nos aferrábamos a que estaban vivos. Decíamos que sí podrían sobrevivir, porque dicen que en las minas hay ratas y que las podrían comer. Nos agarrábamos a cualquier esperanza. En abril de 2007, un año después de la explosión, la empresa paró cualquier trabajo de recuperación de cuerpos.
“Nos quitaron esa esperanza de poder recibirlos vivos. Ahora ya ni siquiera podríamos tener sus cuerpos”.
Ahora, indica Elvira, la lucha es para impedir que vuelva a suceder algo así y, sobre todo, para que “[los tres responsables], la empresa, la Secretaría del Trabajo y el gobierno enfrenten la justicia. Esto no se puede quedar impune. También el sindicato [debe sufrir las consecuencias]: ellos tenían la facultad de parar los trabajos si consideraban que había riesgo, pero 14 días antes de la fecha de la tragedia se firmaron actas de verificación en las que se aseguraba que la mina estaba bien.
“Aquí la responsabilidad es de tres, y aunque hayan pasado 13 años, quiero que paguen”.
