Antes limitados a servir como intermediarios en el tráfico de drogas entre otros países -sobre todo sudamericanos- y Estados Unidos, a través del territorio nacional, en los últimos 20 años las organizaciones criminales mexicanas se han fortalecido y extendieron sus redes financieras y de suministro en varios continentes hasta incluir al menos 50 jurisdicciones, de acuerdo con informes oficiales de México y Washington.

Según un reporte del Servicio Legislativo de Investigación del Congreso estadounidense, el Cártel de Sinaloa, considerado la organización narcotraficante más antigua y establecida de México, con ingresos anuales por cerca de 3 mil millones de dólares, tendría “una presencia sustancial en unos 50 países” de América, Europa, África Occidental y el Sureste Asiático.

Su especialidad, resalta, es el contrabando de enervantes de Colombia, Perú y Bolivia, así como de los producidos en México (amapola, heroína, metanfetaminas y mariguana) a Estados Unidos.

Por su lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue calificado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2016 como una de las “organizaciones narcotraficantes más prolíficas y violentas” del mundo, desarrollaría operaciones en América, Asia y Europa.

Es responsable, asienta el informe, de distribuir cocaína y metanfetaminas a lo largo de “10 mil kilómetros de la costa del Pacífico en una ruta que va desde el Cono Sur hasta la frontera con Estados Unidos y Canadá”.

Hoy, EL UNIVERSAL publica un reportaje sobre las transacciones efectuadas por Hassein Eduardo Figueroa Gómez, empresario del ramo farmacéutico, para adquirir propiedades de lujo por al menos 4.34 millones de dólares en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a fin de evadir las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro que lo identificó desde 2012, mediante la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (también conocida como Ley Kingpin).

Sin precedente

Se trataría de la primera ocasión en que se reportan operaciones financieras de un capo mexicano en Dubái, una ciudad global que, expone el centro de inteligencia privado C4ADS, facilita las transacciones ilícitas del crimen organizado debido a sus regulaciones laxas, sobre todo en el sector inmobiliario.

La prensa de Bélgica señaló en 2016 que Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, padre de Hassein Figueroa Gómez, ya detenido en México, “supuestamente convenció a fabricantes farmacéuticos” del país europeo para que le vendieran grandes cantidades de drogas que utilizó a su vez para producir metanfetamina cristal, que en su mayor parte terminó en el mercado negro estadounidense a cambio de “cientos de millones de dólares”.

El principal compuesto para la elaboración de cristal es la efedrina, cuya importación está prohibida en México, por lo que Figueroa Vázquez recurrió a firmas del exterior. Compró por lo menos cuatro toneladas de efedrina a fabricantes belgas mediante transacciones por unos 360 millones de euros, hasta que los movimientos fueron detectados por las aduanas y la policía.

Las compañías belgas se declararon inocentes en el curso de las indagaciones, al asegurar que actuaron de “buena fe” en el suministro de efedrina. “Teníamos los permisos necesarios para elaborar, vender y exportar esos productos.

No estábamos al tanto de su destino final”, indicó en un comunicado Sterop, una de las empresas acusadas y a la que se le decomisó uno de sus mayores cargamentos en el aeropuerto internacional de Bruselas.

Sin embargo, la fiscalía argumentó que la correspondencia electrónica y conversaciones telefónicas intervenidas demostraron que las firmas actuaron deliberadamente.

En 2012, El Gran Diario de México publicó un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que se expuso que el Cártel de Sinaloa tenía conexiones en 13 países de América, así como en España y Australia, mientras que Los Zetas y el cártel del Golfo las establecieron en nueve naciones del hemisferio, seguidos por los cárteles de Juárez y de Tijuana en cinco y dos países, respectivamente.

La estrategia de diversificar su presencia foránea obedece, comentaron observadores, a la necesidad de evadir la acción de las autoridades, explotar nuevos mercados y trabajar en áreas “más hospitalarias”.

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