El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentó una iniciativa para “no criminalizar” la migración y el tránsito de personas por el México hacia Estados Unidos.

Señaló que desde 1857, la movilidad humana tiene rango constitucional,pues desde el surgimiento de la Constitución, en su artículo 11, quedo plasmado que “todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante”.

La propuesta indica que el derecho a migrar está consagrado en los documentos esenciales de Naciones Unidas (ONU), comenzando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual estipula que “toda persona tendrá el derecho de salir libremente de cualquier país, incluso del propio”.

Por lo que relativamente los Estados deben crear las condiciones económicas para que las personas puedan permanecer en sus países. En suma, los instrumentos internacionales consagran tanto el derecho a migrar como a no migrar.

Muñoz Ledo dijo que es menester precisar en el artículo 11 constitucional,los alcances tanto del asilo como del refugio, ya que ambas son una modalidad de la migración humana, sumado a que en 2018, 190 Estados de las Naciones Unidos adoptarán el Pacto Mundial para una migración, segur, regular y ordenada.

“El Legislativo debe generar una política integral en materia migratoria acorde a nuestra realidad nacional como país de destino y tránsito, que además cuenta con 11 millones de connacionales residentes en el exterior. Es nuestra responsabilidad velar por el respeto a los derechos de los mexicanos en el extranjero, además de estimular su retorno y la atención a sus familias. México enfrenta una crisis migratoria, un asunto complejo que va desde Chiapas hasta Tijuana. De nosotros corresponde atenderlo desde la Constitución”, externó.

Las modificaciones que propone Muñoz Ledo al artículo 11 constitucional, señala: “Todas las autoridades atenderán el cumplimiento de este derecho en los términos del artículo 1o. de esta Constitución. El Estado mexicano no criminalizará la migración irregular y procurará las condiciones económicas y sociales para que sus habitantes permanezcan dentro del territorio nacional (…).

Toda persona tiene derecho al otorgamiento de asilo por cuestiones políticas e ideológicas, así como al reconocimiento de la condición de refugiado por crisis humanitarias de conformidad con los tratados internacionales”, resalta el texto.

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