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El único contrato que firmó Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), causó un daño al erario federal de más de 60 millones de pesos, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trató de un contrato suscrito el 1 de febrero de 2015 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Chiapas, en el que ambas instituciones colaborarían para implementar los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El instrumento jurídico fue mencionado por la FGR durante la audiencia inicial en la que formuló imputación contra Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público, debido a que, según los fiscales, la extitular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sabía que en ambas dependencias se celebraban contratos irregulares y que esto podía perjudicar las finanzas públicas, pero no hizo nada al respecto.
En la audiencia, el juez de Control no resolvió si vinculará a proceso a la exfuncionaria, por lo que hoy a las 18:00 horas Rosario Robles volverá a comparecer en el Reclusorio Sur y su defensa podrá enunciar los datos de prueba que tiene para “demostrar su inocencia”.
El contrato que firmó la exservidora pública fue por 60 millones 952 mil 400 pesos y, de acuerdo con las indagatorias, aunque existe constancia de que se declaró la terminación anticipada del mismo, sin concluir los trabajos pactados, la Sedesol pagó el total de la cantidad acordada.
Sin embargo, no existe constancia de que realmente la Universidad de Chiapas, cuyo rector en aquel momento era Jaime Valls Esponda, hubiera recibido el dinero.
Los fiscales enumeraron 27 contratos, la mayoría firmados por Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Robles Berlanga en la Sedesol y la Sedatu, y Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos en ambas dependencias.
También hay contratos firmados por José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de Sedesol y exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, y María del Carmen Gutiérrez Medina, extitular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y exdirectora de área en la Dirección que encabezaba Orozco Martínez.
Ambos se encuentran también en calidad de imputados en las investigaciones de la FGR por los millonarios desvíos en la Sedesol y la Sedatu, mismos que fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Actualmente, Orozco Martínez y Gutiérrez Medina colaboran con la Fiscalía General de la República y son los principales testigos que la institución tiene en contra de Robles Berlanga.
Ambos indicaron que sus firmas en los contratos fueron falsificadas, que advirtieron a la extitular de la Sedesol y la Sedatu que existían conductas irregulares en los procesos de contratación y firma de convenios de colaboración e incluso, Orozco Martínez declaró que desde el año 2018 presentó su denuncia ante la FGR de los desvíos en ambas dependencias.
Servicios no requeridos. De acuerdo con las declaraciones de Oerozco Martínez y los dictámenes de la ASF, los contratos cuestionados eran suscritos para la prestación de servicios que ni Sedesol ni Sedatu requerían; además, las entidades contratadas no tenían la capacidad para prestarlos.
Por ello, a instrucciones de las secretarías, según fuera el caso, los entes debían subcontratar con otras empresas.
Esto, debido a que la ley establece que este tipo de contrataciones no requieren licitación, sino que se pueden realizar por adjudicación directa, a razón de que se trata de pactos entre entes públicos.
Otro de los excolaboradores de Robles Berlanga que también ha declarado en su contra es Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y exdirector de Coordinación de Delegaciones en la Sedatu.
Ibarra Infante afirmó que Robles Berlanga, acompañada de diversos exfuncionarios de Sedesol, entre los que estaba José Antolino Orozco Martínez, se reunieron el 14 de junio de 2014 con el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Durante la reunión, el exauditor le manifestó a la exsecretaria de Estado que las revisiones que la ASF realizó a la Sedesol estaban “plagadas de irregularidades en la erogación de recursos públicos”, porque existía un exceso en la posibilidad de adjudicar directamente las contrataciones a los entes públicos, ya que no se estaban verificando bien.
Como ejemplo, el extitular de la ASF retomó las erogaciones autorizadas por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, en los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Robles Berlanga afirmó que los contratos firmados por la Sedesol no eran ilegales y que, por el contrario, estaban permitidos por la ley, y abandonó abruptamente la reunión.
Todas las irregularidades ocasionaron un daño patrimonial calculado en 5 mil 73 millones 356 mil 846 pesos, pues la FGR indicó que Rosario Robles estaba obligada, por ley, a informar al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la existencia de las mismas.
