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Fue una noche de 2004 cuando Miriam sintió un pequeño dolor en su estómago. En ese momento estaba sola en su departamento y no le prestó mayor atención, hasta que fue al baño. Hizo un esfuerzo y la bebé que estaba esperando salió disparada de su cuerpo.
Cuando vio a la menor tirada no pudo hacer nada para atenderla, porque una hemorragia posparto le robó sus energías. Desmayada y sin poder levantarse, la joven de entonces 34 años se arrastró desde el baño a su habitación para tomar el teléfono y llamar a su pareja.
“Tuvieron que pasar horas para que pudiera marcar, me arrastraba unos centímetros en el suelo y me desvanecía, no podía respirar, no tenía nada de fuerzas”, recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL.
Cuando Miriam fue trasladada a un hospital, los médicos la recriminaron. “¡¿Qué te metiste?!”, fue el grito que más recibió después de que le practicaron un legrado.
Ese mismo día, los médicos informaron a la policía, más tarde llegaron tres agentes y le enseñaron las fotografías de su bebé muerta.
“‘¡Mira lo que hiciste!’, me gritaban tres policías y me aventaban las imágenes en la cama... No me dejaban hablar, todo era acusarme”, dice Miriam.
Gracias a que había trabajado como representante médico y conocía al director del hospital, la joven fue protegida para pasar dos días de recuperación antes de que se la llevaran al Ministerio Público y, posteriormente, a un Centro de Readaptación Social en Baja California.
“Me sacaron sin calzones y sin brasier, me querían llevar con la bata del hospital, pero una muchacha me consiguió un pants. No me dijeron los motivos por los que me llevaban... cuando llegué a la cárcel me negaron ir al médico para seguir con mi rehabilitación”, relata.
Después de un proceso largo, en el que no contó con una defensa legal adecuada, Miriam fue condenada a más de 20 años de prisión, acusada de homicidio agravado en razón de parentesco. Ni la procuraduría estatal ni el juez tomaron en cuenta que ya había sufrido un parto fortuito siete años atrás, aunque en esa ocasión fue asistida por sus familiares y su hija sobrevivió.
La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) conoció el caso de Miriam, reabrió el expediente y logró que un juez le otorgara una libertad condicionada después de estar casi 15 años en prisión. Ahora debe ir a firmar una vez al mes ante un juzgado, no puede salir de Baja California y para viajar a otros municipios del estado debe pedir permiso.
“Esto fue muy fuerte para mí. Tenía planes de casarme, formar una familia y tener mi negocio. Me quitaron la oportunidad de ser una madre, una hija, una hermana y una amiga normal”.
