México ha cumplido con su tradición diplomática, y su obligación de acuerdo con los tratados internacionales que ha firmado, de conceder asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, coincidieron especialistas. Lo más preocupante, de acuerdo con internacionalistas, es que en la región se está fomentando una cultura de odio y violencia.

Consultados sobre la concesión de asilo político al ex mandatario boliviano internacionalistas coincidieron en que México está siguiendo una larga tradición diplomática aunque la determinación también ha sido política.

“Como lo hizo con José Martí, Rómulo Gallegos o Sandino o cuando llegaron más de 20 mil refugiados de la dictadura franquista de España, tras los golpes de Estado de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay. Es una corriente histórica en la diplomacia mexicana y en la política en los gobiernos de México”, explicó el ex director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adalberto Santana.

Consideró que los legisladores que se han opuesto a darle asilo a Morales son los sectores “conservadores más recalcitrantes y miopes” del Partido Acción Nacional (PAN) que no reconocen la tradición diplomática mexicana.

“Hay una voluntad política del gobierno del presidente López Obrador, pero también es una demanda ampliamente sentida de diversos sectores del país. México ha suscrito la carta de los derechos humanos de la ONU donde establece su compromiso. Es un derecho y una obligación”, dijo.

Con Santana coincidió Fernando Neira, también investigador del CIALC, quien señaló que si bien esta política “siempre ha caracterizado al gobierno mexicano”, también se puede ver “una significación de un gobierno de izquierda hacia otro pero aquí lo que veo de fondo es ser consecuente con una política que siempre ha caracterizado al gobierno mexicano.”.

Esto no es lo más preocupante, consideró, sino la violencia y la alteración del orden constitucional en Bolivia, y donde la oposición toma la determinación de destruir lo que no acepta.

“Estamos sembrando en América Latina una idea de que el voto popular puede ser cambiado a capricho de algunos sectores económicos y políticos lo que es un mal precedente. Una de las consecuencias es que algunos sectores vean sólo las vías de hecho como mecanismo para controlar el poder y no respetar el Estado de Derecho, es una situación muy delicada para la región", dijo.

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